El ex presidente de Cataluña Carles Puigdemont se ha entregado hoy a la Policía belga junto a su abogado previa citación a instancias de la Fiscalía de distrito de Bruselas, según ha podido saber Efe a través de fuentes próximas al caso. El abogado del ex presidente catalán en Bélgica ha llegado a la sede de la Fiscalía belga, pasadas las 13.30 horas de este domingo, 5 de noviembre. Paul Bekaert es el abogado que eligió Puigdemont al llegar a Bruselas y también es asesor legal de los cuatro ex consellers que le acompañan: Meritxell Serret, Toni Comín, Lluís Puig y Clara Ponsantí.
La Fiscalía de Bruselas había ordenado a la policía detener al ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, y sus ex consejeros antes de designar a un juez de instrucción que les tome declaración para decidir sobre sus euroórdenes, informaron hoy a Efe fuentes del Ministerio Público.
"Desde el momento que sean privados de libertad, podrán comparecer ante un juez", explicó la Fiscalía, que precisó que está en contacto con los abogados de Puigdemont y de los cuatro ex miembros del ex gobierno autonómico desplazados a Bélgica: Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura).
"Para que un juez sea mandatado las personas buscadas deben ser privadas de libertad primero", ha explicado el portavoz de la Fiscalía bruselense y magistrado Gilles Dejemeppe. El juez también ha recalcado que este arresto les "dará derechos" como por ejemplo poder consultar las euroórdenes emitidas por la juez Carmen Lamela y a las que, hasta ahora, no han podido acceder los afectados ni sus abogados.
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Una vez "los interesados sean encontrados y llevados ante el juez, éste tendrá 24 horas para tomar una decisión" sobre las citadas Órdenes Europeas de Detención y Entrega (OEDE), según explicó este sábado la Fiscalía federal en un comunicado. Es decir, tendrá un día para decidir si la reclamación de las autoridades judiciales españolas se ajusta a derecho. También decidirá si Puigdemont y los otros cuatro miembros del ex Govern deben "permanecer en prisión o puestos en libertad bajo condiciones" que impidan su huida, como la retirada de pasaporte o la vigilancia electrónica.
Si el juez concluye que las euroórdenes son ejecutables trasladará entonces el caso a la Cámara del Consejo (Tribunal de primera instancia) para que decida en un plazo de 15 días si se lleva a cabo o no la entrega de los cinco reclamados por las autoridades españolas. Las partes podrán recurrir la decisión primero ante la Corte de Apelación, que tendrá también 15 días para pronunciarse, y, en última instancia, ante la Corte de Casación, que cuenta con el mismo plazo para tomar la decisión definitiva.
La euroorden establece un plazo máximo de 60 días para resolver los procesos de extradición entre dos Estados miembros, un periodo que podría ser ampliado otros 30 días, hasta los 90, en casos excepcionales.
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