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Jue04182019

Última actualizaciónJue, 18 Abr 2019 2pm

Mundo

La Comisión Europea pide a España que vuelva a subir el IVA

rajoy-merkel

El futuro gobierno español tendrá una tarea complicada por delante. España y Portugal se salvaron a finales de julio del estigma de convertirse en los primeros países de la Unión Europea (UE) en estrenar las multas previstas en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento por el fuerte desvío en el déficit público el año pasado, pero la tregua concedida por Bruselas es solo momentánea.

El Ejecutivo español tiene hasta el 15 de octubre para elaborar un anteproyecto de presupuestos del 2017 austero, que refleje el ajuste estructural de medio punto –el mínimo previsto en el pacto- que le exige Bruselas para el próximo año y que demostrará que la clemencia mostrada por la Comisión Europea, previa mediación de Berlín, no saldrá gratis. Entre otras medidas, la Comisión Europea ha propuesto a España una nueva subida del IVA y más transparencia en la contratación pública.

A menos que cumpla y presente medidas no se desbloquearán parte de los fondos estructurales comprometidos para el próximo año -entorno a 1.000 millones de euros- y que pueden quedar en septiembre en el congelador tras el diálogo estructurado demandado por la Eurocámara.

Además de cancelar una multa que parecía cantada, la Comisión Europea optó a finales de julio por ofrecer una nueva senda de reducción del déficit público algo más suave que la prevista en mayo pasado. Este año, visto el impasse político en el que está inmersa España, Bruselas permitirá al Estado cerrar el ejercicio con un desfase del 4,6% -desde el 5,1% con el que terminó 2015- pero a 31 de diciembre de 2017 el déficit tendrá que situarse en el 3,1% y en el 2,2% a finales de 2018. Dos años extras que también llevan consigo exigencias.

Subida del IVA

Para hacer realidad este nuevo calendario y el esfuerzo estructural de 10.000 millones repartido en dos años que lleva incorporado, Bruselas sugiere ya el camino a seguir. Por ejemplo, reducir el número de bienes y servicios que se benefician de un tipo de IVA reducido como ocurre con la alimentación, el transporte de viajeros o los restaurantes. Además, la Comisión reitera la necesidad de realizar controles "estrictos" a todos los niveles del gobierno y de reforzar la vigilancia sobre las licitaciones públicas.

"El número de malas prácticas que han tenido un impacto en la aplicación de la legislación europea han sido significativas. Los datos muestran que hay disparidades en la implementación de los contratos públicos", alerta la Comisión Europea que critica el hecho de que España siga publicando pocas licitaciones y negociando de tapadillo muchos contratos. "Esto se traduce en menos competencia con implicaciones en un gasto gubernamental mayor", señala el documento de recomendaciones.

Bruselas basa estos nuevos objetivos en sus nuevas estimaciones de crecimiento. Considera que la economía española avanzará un 2,9% este año aunque se frenará en 2017 y 2018 con crecimientos del 2,3 y 2,1% respectivamente. Es decir, el avance seguirá siendo robusto pero con incertidumbres en el horizonte derivadas del proceso del 'brexit' que podría tener implicaciones "para el comercio y la demanda doméstica".

Multa si incumple el objetivo de déficit

Junto al borrador de presupuesto, el Gobierno español también tendrá que remitir en paralelo un informe con los esfuerzos presupuestarios necesarios en el que tendrá que detallar los objetivos en materia de gasto e ingresos y concretar las medidas adoptadas para cumplir con las recomendaciones europeas. Solo si ambos ejercicios son satisfactorios y España responde a tiempo, parte de los fondos estructurales comprometidos para el 2017 se verán liberados.

Un incentivo suficiente, a juicio del Ejecutivo comunitario, para que Madrid haga los deberes. Aunque no es el único as que se guarda la Comisión Europea. "No es el final de la historia", recordaba hace unos días el comisario Pierre Moscovici. Y es que, si Madrid sigue sin cumplir el siguiente paso será aún más doloroso: una multa automática del 0,5% del PIB o 5.000 millones de euros, aunque la Comisión ya ha explicado que no hay una fecha concreta para ello. En todo caso, es una posibilidad real que pende sobre la cabeza del futuro Gobierno.

 

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