
El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, huido de la justicia, ha comparecido voluntariamente ante las autoridades belgas, pero ha rechazado su entrega a nuestro país. Lo ha hecho en relación con la nueva euroorden emitida por el Tribunal Supremo, que pide su entrega a España para que sea juzgado por la celebración del reféndum y proclamación de la independencia de Cataluña de octubre 2017.

Posteriormente, en declaraciones a la prensa, ha manifestado que ha quedado en libertad sin fianza pero con condiciones. En concreto, según ha informado Efe, deberá comunicar si tiene intención de salir de Bélgica y mantener una residencia fija en el país.
Acompañado de sus abogados, Puigdemont ha comparecido ante las autoridades belgas «voluntariamente», según un comunicado emitido por su oficina, «siguiendo todos los pasos oficiales que acompañan a este procedimiento». En el mismo documento, el equipo del expresidente confirma que ha recibido la notificación de la Orden Europea de Detención y Entrega —la euroorden—, pero «se ha opuesto a su entrega a España».
Euroorden de detención contra Puigdemont
Por su parte, el magistrado Pablo Llarena, el juez instructor del «procés», comunicará de forma inmediata a Bélgica que Puigdemont no tiene inmunidad al no ser europarlamentario. El fugado no ha cumplido dos requisitos necesarios para adquirir esa condición: ni ha acatado la Constitución española ante la Junta Electoral Central, como exige la ley, ni ha tomado posesión del escaño.
Llarena reactivó la orden europea de detención y entrega contra Puigdemont el pasado lunes, tras dictarse la sentencia del procés, en la que los principales líderes del plan secesionista ilegal fueron condenados por los delitos de sedición y malversación de caudales públicos. La euroorden contra Puigdemont, que está fugado de España desde el 31 de octubre de 2017, es por esos delitos.

Puigdemont se entrega a la Justicia belga
Huido desde 2017
Puigdemont lleva huido en Bélgica desde finales de octubre de 2017, cuando tomó esta decisión para evitar el juicio por el referéndum ilegal del 1 de octubre, celebrado ese mismo año, además de la declaración unilateral de independencia del día 27. Su vicepresidente, Oriol Junqueras, se quedó en España y este lunes se confirmó su condena a 13 años de cárcel por sedición y malversación.
El resto de los miembros del Govern que pasaron por el Tribunal Supremo, donde ha sido juzgada esta causa, han sido condenados a penas que van de los 10 años y medio a los 12 años. Por su parte, la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha sido condenada a 11 años y medio y los «Jordis» —los presidentes de la Assemblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural— pasarán nueve años en prisión.
Sentencia del procés: el Supremo condena por sedición a los líderes independentistas del 1-O