Cambio de Ley: a partir de 2019 el Gobierno dará la nacionalidad ¡sin hablar español!

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El ministerio de Justicia que dirige Dolores Delgado tiene prácticamente perfilado un proyecto de modificación del reglamento por el que se regula el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por simple residencia. El nuevo texto, que publica El Cofidencial, tiene como objetivo implantar una acreditación alternativa y dispensar de las pruebas relativas al grado de integración española a aquellos solicitantes que no sepan leer ni escribir o que presenten dificultades de aprendizaje. 

En la actualidad, el procedimiento que regula la obtención de la nacionalidad incluye la obligatoriedad de superar una prueba que acredite el conocimiento de la Constitución y la realidad sociocultural española, así como de poseer un diploma de español de nivel 2 o superior expedido por el Instituto Cervantes, habitualmente centros privados autorizados por este. De esta última prueba solo están excluidas las personas que provengan de países donde el castellano es lengua oficial, pero no se proponen alternativas a aquellos que no sepan leer y escribir.

Los cambios en el procedimiento saldrán adelante mediante un Real Decreto que modificará otro anterior que lleva en vigor tres años. El nuevo texto está pendiente de remitirse a dictamen del Consejo de Estado y, en su caso, elevarse posteriormente al Consejo de Ministros, como reconoce el Ejecutivo en una respuesta fruto de una pregunta escrita elevada por Unidos Podemos. El decreto actualmente en vigor, aprobado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, recibió numerosas críticas del tercer sector, principalmente, porque lo que antes era un derecho al que se accedía tras haberse cumplido los años necesarios de estancia legal continuada en España, desde octubre de 2015 se establecía un coste de entre 300 y 500 euros.

Si bien la prueba de conocimientos socioculturales puso fin a la discrecionalidad con la que anteriormente los jueces del Registro Civil podían evaluar el grado de integración de cada solicitante, desde el grupo confederal de Unidos Podemos entienden que se trata de un modelo de integración asimilacionista, "en el que para demostrar el conocimiento y la integración han de asumir la lengua, valores y otras denominadas señas de identidad".

El propio contenido de las pruebas también suscitó críticas, al entenderse que los exámenes exigen un nivel de formación básica por encima del graduado en secundaria. Asimismo, versan sobre temas que, según denunció parte de la oposición en su día, alejados de la realidad y el día a día de la convivencia en sociedad, teniendo más similitud con un examen técnico de acceso a la universidad que con una prueba de conocimientos generales. Por último, el grupo confederal señala en su escrito dirigido al Gobierno "la dificultad para conseguir una fecha de examen, al no haber apenas fechas disponibles", lo que suponer alargar el procedimiento indebidamente.

El número de personas extranjeras residentes en España que ha pedido nacionalizarse en 2017 en este país ha caído un 56% (hasta los 66.498) respecto al año anterior, y casi la mitad son menores de padre o madre español y nacidos en España. Del total de nacionalidades solicitadas, el 62% (41.180) fue por residencia y el 38% (25.200) por "opción", una modalidad que se ha dado a prácticamente todos los menores de 20 años, según la Estadística de Adquisiciones de Nacionalidad Española de Residentes difundida hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Para obtener la "nacionalidad por residencia" es necesario haber residido en España durante diez años de forma legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición.


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