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El Instituto Nacional de la Seguridad Social había aprobado 3.966 solicitudes para percibir el ingreso mínimo vital (IMV), el 0,57 % del total, a fecha 7 de agosto, según recoge la respuesta a una consulta planteada por la Asociación Víctimas del Paro.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, señalaba esta semana en su cuenta de Twitter que se han recibido más de 700.000 peticiones de prestación.
El presidente de la asociación, Joaquín García, explicaba a EFE que el porcentaje de solicitudes aprobadas para el IMV "es ridículo" y apuntaba que "da que pensar que se están parando los trámites por motivos presupuestarios, por falta de dinero en caja y quizá también por problemas de personal".
El Gobierno aprueba 'la paguita'
El ministro Escrivá reconoció en un mensaje en sus redes sociales que "el problema de sacar conclusiones tan pronto es que las que se presentaron muy rápidamente, que son las más avanzadas en la tramitación, parecen tener un porcentaje alto de errores de documentación, que han de subsanarse".
Las solicitudes para esta renta destinada a personas desempleadas sin ingresos se enviaron a partir del pasado 15 de junio.
El número de solicitudes aprobadas de oficio para recibir el IMV asciende a 74.100, según los datos que aporta en su respuesta la Seguridad Social.
El departamento que dirige José Luis Escrivá ha recibido un total de 750.000 solicitudes de renta, de las cuales ha analizado un total de 143.000. Es decir, una de cada cinco.
El resultado de esta primera criba muestra una enorme confusión y urgencia entre los solicitantes de la ayuda, así como los pocos recursos del ministerio para hacer frente a la avalancha de solicitudes en plena temporada estival. Dos ejemplos que ilustran las prisas de los solicitantes es que más de 56.000 demandas se han realizado por duplicado o en más de 57.000 se ha aportado documentación de manera incompleta al no incorporar el certificado de empadronamiento.
El Gobierno aprobó el IMV a finales de mayo como un conjunto de medidas articuladas en torno a una nueva prestación de la Seguridad Social, para garantiza unos ingresos mínimos mensuales a hogares en situación de especial vulnerabilidad.
La estimación es que la prestación pueda llegar a unos 850.000 hogares (el IMV se destina a unidades de convivencia), en los que viven aproximadamente 2,3 millones de personas.
La renta mensual varía entre los 462 y los 1.015 euros al mes en función del número de personas que convivan como beneficiarios y de sus características.
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