Pablo Iglesias denuncia por 'miedo' a un hombre que pone música de Manolo Escobar frente a su casoplón de Galapagar

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Un juez ha dictado una orden de alejamiento de 500 metros contra Miguel Frontera, el hombre al que el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, y su señora, la ministra Irene Montero han denunciado por supuesto "acoso" debido a su continua presencia frente a su domicilio particular en la localidad madrileña de Galapagar.

El tribunal ha acordado esta medida cautelar a propuesta de la Fiscalía tras la declaración del acusado en el Juzgado de Instrucción número 1 de Collado Villalba, según han indicado a Efe desde fuentes judiciales. 

En concreto, el juez ha dictado orden de alejamiento de 500 metros respecto al domicilio o al lugar de trabajo de Iglesias y Montero durante el tiempo que dure la instrucción judicial, además de impedirle comunicarse con ellos por cualquier medio o a través de personas interpuestas.

Ha atendido de ese modo a la petición del representante de la Fiscalía, porque la acusación que ejercen los líderes del Podemos pedía que el alejamiento fuera de tres kilómetros. Iglesias y Montero ratificaron ayer la denuncia que interpusieron contra Miguel Frontera por los delitos de acoso, coacciones, desobediencia a la autoridad y revelación de secretos. El vicepresidente y su mujer aseguraron sentir "miedo" y explicaron al juez que en ocasiones las protestas despiertan a sus hijos cuando duermen.

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En sus testimonios, desvincularon lo que ocurre en las puertas de su domicilio con los escraches políticos. En su defensa, Miguel Frontera ha argumentado que simplemente ha ejercido su derecho a la protesta, descontento por la actuación de Iglesias como vicepresidente segundo del Gobierno en la gestión de las residencias y en otros aspectos relacionados con la pandemia del coronavirus.

En su declaración, en la que se ha negado a responder al fiscal y a la abogada de los demandantes, el acusado ha reconocido que acude reiteradamente con pancartas al domicilio del líder comunista.

La defensa de Frontera, que ejerce la abogada Polonia Castellanos, ha pedido al juez el archivo de las actuaciones -esgrimiendo el principio de intervención mínima del derecho penal- al considerar que no se han acreditado los delitos que se le imputan, entre ellos los de acoso y desobediencia a la autoridad, ni tampoco el miedo que dicen sentir Iglesias y Montero.

Jarabe democrático y directamente en vena.

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