Bélgica rechaza la extradición de los 'exconsellers' porque la euroorden está mal hecha

 toni comin

La fiscalía belga ha rechazado la entrega de los exconsellers de la Generalitat Toni Comín, Lluís Puig y Meritxell Serret a la justicia española. Los tres exmiembros del Govern tenían este miércoles una vista sobre su entrega en la sede judicial de Bruselas. En la primera instancia ya ha sido tumbada su extradición a España.

“Hoy va a ser un buen día”, apuntaba esta mañana el abogado Gonzalo Boye, que defiende la causa de los exconsellers y Puigdemont que se enfrentar a euroórdenes de entrega.

De todos ellos, sólo Toni Comín mantiene su escaño en la cámara catalana y tiene permitido el voto delegado, algo que podría decaer ahora que tendrá libertad de movimiento. “Hoy ya es un gran día”, ha señalado después de la comparecencia de los políticos catalanes.

“Basta de abusar del derecho penal y del sistema europeo de euroórdenes de detención y entrega”, ha apuntado Toni Comín, que ha censurado la judicialización de la política. “El error es formal que tiene su origen en un problema de fondo. Han cambiado la imputación y el relato de los hechos entre la primera euroorden y la segunda”, ha asegurado el diputado independiente de ERC. “Las imputaciones de Llarena no son razonables ante la justicia europea”, ha añadido.

“Esperamos que esto ayude a los compañeros que han sido encarcelados en España y que ayude a Puigdemont en Alemania, Ponsatí en Escocia y a Marta Rovira en Suiza”, ha señalado Lluís Puig, que ha dicho que puede haber un efecto multiplicador porque la justicia europea es única. 

Serret, por su parte, ha suscrito lo dicho por sus dos compañeros y ha hecho un llamamiento “a que se acabe la judicialización de la política y que se vuelva a la vía política y al diálogo y que haya entendimiento para resolver un problema real que hay en Cataluña”. “Que se soluciones de forma pacífica y política” la cuestión catalana.

La defensa de los exconsellers huídos a Bélgica ha hecho valer ante la justicia belga un precedente recogido en la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que ratifica la necesidad de una orden previa de detención nacional para poder hacer efectiva una orden de detención europea. Se trata del caso de un camionero rumano, Niculaie Aurel Bob-Dogi, detenido en Rumanía y reclamado por Hungría. Su país denegó su extradición en 2015 y el TJUE le dio la razón el 1 de junio de 2016. Por eso el letrado Boye ha puesto Bob-Dogi en su tuit.

El 5 de diciembre, el magistrado del Supremo que se hizo cargo del caso, Pablo Llarena, retiró las euroórdenes contra los cinco políticos secesionistas huidos a Bélgica, y volvió a activarlas el pasado 24 de marzo.

Toni Comín está procesado por un delito de rebelión y otro de malversación de caudales públicos, mientras que sobre Puig y Serret pesan acusaciones de desobediencia y malversación de caudales públicos.

Según el procedimiento que rige las euroórdenes (que permiten la ejecución simplificada de mandatos de arresto de un país de la Unión Europea por parte de otro), una vez se celebre la audiencia sobre la petición de extradición ante el tribunal de primera instancia de Bruselas, el juez tendrá quince días para decidir si les extradita o no. Contra esa decisión cabe recurso ante el Tribunal de Apelación y, después, ante la Corte de Casación, que tendrán ambos quince días para decidir. Pero no ha sido ni si quiera cursada.

El procedimiento de las euroórdenes establece que los países disponen de un total 60 días a partir de la detención de las personas buscadas para decidir sobre su entrega, plazo que puede ampliarse a 90 días en circunstancias excepcionales.


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