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Militantes de Podemos denuncian ante la Justicia al partido de Pablo Iglesias

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Seis afiliados de Podemos expulsados por denunciar falta de democracia interna y opacidad en la gestión de dinero público en Extremadura han demandado al partido en los juzgados de Plaza de Castilla.

En concreto le achacan a la formación haberles represaliado por denunciar «falta de transparencia en la contratación de liberados con dinero público», así como «opacidad en la gestión política de determinados asuntos de interés general», según reza la demanda, a la que ha accedido este diario.

Se trata de una demanda de impugnación de las sanciones a ellos impuestas por la denominada Comisión de Garantías Democráticas Estatal de Podemos, por haber publicado un manifiesto en el que censuraban la "jerarquización", el "inmovilismo" y la "falta de transparencia" en Podemos Extremadura.

Cargaban también en el documento, sin nombrarlo, contra quien entonces detentaba la secretaría de organización del partido en Extremadura, Julián Macías, hoy uno de los responsables de redes sociales en Madrid. En el manifiesto se acusaba al secretario de organización de personalismo, amiguismo y dedazo, y se quejaban de que la actividad del Consejo Ciudadano había quedado reducida a un chat de Telegram.

Además, también denunciaron la pasividad de los responsables extremeños del partido ante varias denuncias por ellos verbalizadas acerca de la contratación de liberados en un camping público situado en Cáceres, en concreto en la localidad de Castañar de Ibor.

Los demandantes sostienen que tras la publicación del manifiesto en que denunciaban determinados comportamientos, en julio pasado, se les impusieron sanciones sin la notificación estatutariamente debida en octubre. Una de las afiliadas fue suspendida de militancia por seis meses e inhabilitada por otros 10, y los otros cinco ahora demandantes fueron suspendidos por tres meses e inhabilitados por cuatro.

La demanda sostiene que no se les llegó a notificar primero la resolución del «instructor» del expediente en el seno de la Comisión de Garantías, y que posteriormente se les comunicó de forma «incompleta» el resultado del expediente abierto. Posteriormente, el 24 de enero, se asegura en el documento, la Comisión propuso la expulsión de los seis militantes.

Se explica también cómo los seis demandantes intentaron por todos los medios conseguir la resolución sancionadora de octubre, y su «desconocimiento de las pruebas de cargo» tenidas en cuenta por la Comisión para juzgar su caso.

Los demandantes, que incluso se dirigieron a la sede central de la formación, en la madrileña calle de la Princesa, número 2, a principios de febrero para intentar conseguir sus resoluciones sin éxito, invocan varios artículos de los estatutos del partido. En concreto el apartado 1 del artículo 65 de régimen disciplinario, referido a la comunicación de las resoluciones adoptadas por la Comisión de Garantías Democráticas, y el artículo 11 del reglamento por el que se rige esa misma comisión, que se refiere al manejo de las actas y los expedientes.

También el artículo 12 de este mismo documento, que asegura la revocación de cualquier resolución adoptada por la Comisión en caso de que incurriera en «cualquier causa de nulidad reconocida en Derecho». La demanda pide, además de su admisión a trámite, la exhibición por parte de Podemos del «expediente disciplinario completo» referido a los expulsados.

 

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