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Adelante Andalucía (confluencia entre Podemos, IU, Anticapitalistas y diversos grupúsculos de extrema izquierda) ha vuelto a exigir la regularización de todos los inmigrantes que lleguen a España. Lo hace, además, en un momento especialmente delicado, en el que la llegada de pateras a las costas andaluzas se multiplica y está dejando a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sin efectivos para atender el inmenso volumen de ilegales que alcanzan las costas de nuestro país. La Guardia Civil, de hecho, habla directamente de avalancha. El 'efecto llamada' de la paguita para todos.

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Maribel Mora Grande, diputada de Adelante Andalucía en el Parlamento Andaluz, ha reivindicado de nuevo la regularización de todos los inmigrantes ilegales desde su cuenta oficial de Twitter.

Por extraño que parezca, las peticiones de regularización masiva y papeles para todos no son nuevas. Podemos ha hecho de la inmigración uno de los principales bastiones desde su fundación. De hecho, las exigencias de regularizar y dar una paga a todos los ilegales iban en su último programa a las elecciones generales, una información que ya adelantó en exclusiva hace meses MEDITERRÁNEO DIGITAL y que los censores del Ministerio de la Verdad no tardaron en calificar de 'bulo' para eliminarla de circulación. Son los gurús del 'Gran Hermano' orwelliano. Los guardianes del código de lo 'políticamente correcto'. Desde su púlpito de superioridad moral, reparten carnets de periodista a la par de que nos dan certificados de verificación a los demás. La única verdad oficial, es la que dicen ellos. Libertad de expresión hecha a mediida.

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Plataforma #RegularizaciónYA

La Plataforma territorial andaluza #RegularizacionYa ya ha convocado distintas manifestaciones en diferentes provincias de Andalucía para exigir la regularización «urgente, permanente y sin condiciones» de todos los inmigrantes ilegales y de los refugiados ante la nueva crisis social que ha desencadenado la pandemia del Covid-19 para que, de este modo, puedan acceder al Ingreso Mínimo Vital (IMV). En este sentido, han contado con el apoyo de la izquierda andaluza.

«En Andalucía, miles de personas y familias migrantes se encuentran en situación de irregularidad, invisibles para el Estado y carentes de los más esenciales derechos sociales, enfrentándose así a la explotación laboral, a la precariedad habitacional y, en fin, a la imposibilidad de una vida digna y plena», añade.

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Añaden que en el Estado español «se han dado prácticas cortoplacistas e instrumentalistas y sin garantizar condiciones mínimas de seguridad y prevención en el trabajo, como es el caso del Real Decreto- Ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario o el Real Decreto ley 11/2020 cuyas medidas obvian la situación de infravivienda o sin techo en que vivimos muchas personas sin papeles». «Se trata de políticas insolidarias, explotadoras, ciegas a nuestra realidad», lamentan.

Desde la plataforma indican que cada país de la Unión Europea es soberano en cuanto a reglamentos de Extranjería, por lo que «pedimos al Gobierno que deje a un lado las evasivas respaldadas en el control europeo, que no dé cabida al discurso del miedo de la extrema derecha y que tome por fin decisiones valientes, materializando uno de sus lemas más utilizados durante esta crisis sanitaria, social, económica y de cuidados, de no dejar a nadie atrás».

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«De no comenzar un proceso de regularización, la brecha de la desigualdad aumentará brutalmente, dejando a más de 600.000 personas en este país atrás, sin poder acceder al Ingreso Mínimo Vital u otras prestaciones, con procedimientos, como el empadronamiento, totalmente trabados en ayuntamientos desbordados, muchas –en especial en el campo andaluz, como se encargó de apuntar hace unos meses el relator de la ONU– en una situación de chabolismo y semiesclavitud intolerable», manifiestan.

Por último, desde la Plataforma territorial andaluza #RegularizaciónYa se suma al movimiento estatal que presentará una Proposición No de Ley en el Congreso para reformar las leyes migratorias y «dar una respuesta a la situación de desprotección, agravada por la Covid-19, en la que se encuentran tantas personas migrantes, un colectivo que, como ha quedado demostrado, ha estado al frente de los trabajos considerados esenciales durante el confinamiento, tales como el trabajo en el sector primario y la asistencia a personas mayores y con movilidad reducida».

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