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Jue06202019

Última actualizaciónJue, 20 Jun 2019 7pm

España

Redada de la Guardia Civil contra la presunta financiación irregular de Convergència

guardia-civil-cdc

La Guardia Civil ha detenido este jueves a 18 personas en el marco de la denominada Operación Pika, vinculada al 'caso Petrum' de presunta financiación irregular de CDC y que sitúa el punto de mira de la Justicia ahora en el Ayuntamiento de Barcelona. Entre los arrestados se encuentran el presidente del Puerto de Barcelona, Sixte Cambra, y dos altos cargos de la antigua CDC, el ex edil de Urbanismo de Barcelona Antoni Vives y el ex secretario general de CDC Francesc Sànchez.

También han sido arrestados responsables de la licitadora de obra pública del Ayuntamiento de Barcelona, Bimsa y el director general de Fira de Barcelona y ex cargo del Ayuntamiento, Constantí Serrallonga. Entre los arrestados están el tesorero de CDC, Andreu Viloca, señalado por la Fiscalía como epicentro de la presunta red de corrupción; y el ex director general de Infraestructures.cat Josep Antoni Rosell, también arrestado anteriormente por el 'caso Petrum'.

Coordinados por la Fiscalía Anticorrupción y con apoyo del juzgado número 1 de El Vendrell (Tarragona), la Guardia Civil también ha arrestado a responsables de diversas constructoras, sospechosas de pagar 'mordidas' de porcentajes variables a cambio de contratos públicos previamente amañados de la Generalitat. Con la operación llevada a cabo este jueves se pone el punto de mira también en contratos emitidos por el Ayuntamiento de Barcelona bajo el anterior mandato municipal de CiU.

La afectación directa sobre el consistorio ha obligado a la actual alcaldesa, Ada Colau, a tomar medidas excepcionales. Entre ellas ha anunciado en rueda de prensa la apertura de un expediente informativo para averiguar si se cometieron irregularidades. También ha advertido que si se demuestra la implicación de algún trabajador municipal en algún contrato amañado será suspendido temporalmente. Colau también ha pedido que se convoque el Consejo de Administración de Fira de Barcelona -de la que el Ayuntamiento forma parte- para analizar la implicación de su director general, situado entre los detenidos.

Sobornos a cambio de contratos

La Fiscalía sostiene en su relato que el dinero de las constructoras habría acabado en manos de CDC a través de pagos encubiertos a su fundación afín, CatDem, cuya gestión recaía directamente sobre Andreu Viloca. Según Anticorrupción, era el tesorero quien hacía pasar "sobornos" por donaciones falsamente legales al partido.

Anticorrupción acusa a los implicados en la red de los delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, prevariación, financiación ilegal de partidos, blanqueo y malversación de fondos públicos.

Según han confirmado fuentes conocedoras de la investigación, entre los empresarios detenidos está el delegado en Cataluña de Oproler, Josep Manel Bassols, quien ya fue arrestado en la anterior fase del 'caso Petrum'. También ha sido detenido Xavier Tauler, ex consejero delegado de Copisa y también detenido en fases anteriores; y el Consejero Delegado de Comsa-Corporación, José Miarnau. Fuentes de esta última constructora puestas en contacto con este medio sostienen que su directivo únicamente ha sido "retenido" y que sigue trabajando este jueves "con normalidad".

Todos los arrestados por orden de la Fiscalía han sido puestos en libertad tras finalizar los registros en sus respectivas empresas. Siguen siendo objeto de investigación las oficinas del Puerto de Barcelona y la vivienda personal de Antoni Vives, donde la Guardia Civil ha trasladado a perros de la Unidad Canina especializados en la búsqueda de billetes.

La Guardia Civil ha realizado desde las 9.15 un total de 24 registros que, además de Barcelona, han afectado a Madrid, Majadahonda, Sant Boi de Llobregat, Rubí, L'Hospitalet, Manresa, Lleida, El Prat, Sant Feliu de Llobregat, Girona y Berga. Las entradas enla capital catalana tenían como principales objetivos las empresas públicas de infraestructuras, tanto del Ayuntamiento de Barcelona como de la Generalitat. Se trata de las dos mayores licitadoras de obra de Cataluña, Infraestructures.cat y Bimsa, respectivamente.

Los agentes han entrado también en las instalaciones de la Autoridad Portuaria de Barcelona. Las órdenes de entrada y registro afectan a una decena de empresas mercantiles como Copisa -una constructora que ya adquirió notoriedad en el caso Pujol como la principal pagadora de comisiones al primogénito del ex president- Pasquina; Grupo Soler; Rogasa u Oproler Obras y Proyectos, con sedes en Barcelona, Lleida y Madrid.

La investigación sostiene que las empresas públicas adjudicaban obras públicas a compañías o a UTES que agradecían las concesiones pagando a las fundaciones FORUM o Catdem vinculadas a Convergència Democràtica de Catalunya, partido al que acababa siendo desviado el dinero. Se trataría de obras cifradas en miles de millones de euros como la de la reforma de la Plaça de les Glòries; la ampliación del dique del puerto de Barcelona.

 

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