Los yihadistas detenidos viven en España de las ayudas sociales

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Nos matan con nuestro dinero. 6 terroristas yihadistas detenidos en España, vivían gracias a las ayudas sociales que cobran del Estado. Una información confidencial a la que MEDITERRÁNEO DIGITAL ha tenido acceso directo desde fuentes policiales.

El pasado mes de enero, el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, decretó prisión provisional y sin fianza para Saib Lachhab, un marroquí de 41 años afincado en el País Vasco. Este yihadista, con residencia en Vitoria, había realizado diversos viajes a Siria para adoctrinarse en las filas del ISIS.

Cuando fue detenido, Velasco aseguró en su auto que el terrorista vivía íntegramente de las ayudas públicas: cobraba 625€ de Renta de Garantía de Ingresos (RGI) más 250€ por complemento de vivienda. Además, según publicó 'El Confidencial', entre agosto y diciembre de 2016 cobró 900 euros de Fremap. Pero no solo eso, Lachhab tenía 9.000 euros disponibles para sus viajes a Siria.

Otro de los detenidos en operaciones de la lucha contra el terrorismo en el País Vasco fue Samir Mahdjoub, argelino de 44 años. El pasado 14 de febrero, la Guardia Civil lo capturó por "enaltecimiento, autoadoctrinamiento, captación y difusión de propaganda de Daesh". Este yihadista cobraba 650 euros mensuales de RGI y entre 2011 y 2013 recibió cada mes 250 euros de ayudas para la vivienda, una información que también hizo pública el diario 'El Confidencial'.

Redouan Bensbih, terrorista detenido que murió en 2014, cobró ayudas sociales del Estado español entre 2009 y 2013. Concretamente recibía 836 euros mensuales de RGI.

Ahmed Bourguerba, otro terrorista detenido en el año 2015 en Bilbao, fue condenado a 3 años de prisión por "autoadoctrinamiento yihadista". Igual que el resto de terroristas, este argelino de 31 años recibía 625 euros de RGI más 250 euros para ayudarle con el alquiler.

Mehdi Kacem, detenido el pasado mes de enero, cobraba 800 euros a través de la ONG 'Kolore Guztiak', subvencionada por la Diputación de Guipúzcoa.

Otro de los terroristas que recibía ayudas del Estado es Annas B. detenido en Madrid a comienzos de 2016. Según publicó 'La Razón', este marroquí se hizo pasar por refugiado para cobrar los subsidios que los estados europeos ofrecen a los solicitantes de asilo.

Pero la gravedad del tema va todavía mucho más allá. El grupo 'Fraternidad Islámica', sobre el que hizo un reportaje 'Equipo de Investigación', se presentaba a efectos legales y estaba inscrito como una asociación cultural para fomentar el islam. A través de ella, hacían colectas, recaudaban dinero y pedían subvenciones públicas. Según la Audiencia Nacional, los fondos recaudados sirvieron para adoctrinar yihadistas y realizar atentados islamistas en España.

La yihad con dinero público

Una metástasis de buenísmo sin freno que está padeciendo toda Europa, devastada y en alerta permanente por los sanguinarios atentados yihadistas, que han dejado ya un reguero de víctimas y dolor sin precedentes.

Khuram Butt, nacido en Pakistán, el líder de los yihadistas de Londres autores del atentado del pasado 3 de junio en el que perdieron la vida ocho personas, entre ellos el español Ignacio Echeverría, vivía en la capital británica gracias a las ayudas públicas.

El terrorista cobraba un subsidio de 300 euros al mes y disfrutaba de una vivienda de protección oficial que costeaba el Estado. Además, participó en un plan de inserción laboral y un itinerario costeado con fondos sociales para encontrar trabajo.

Butt seguía así las directrices del mentor de los terroristas del atentado del metro de Londres, que instó y animó públicamente a sus compatriotas a financiar la yihad con dinero de Europa.

Sin embargo, y por increíble que parezca, la idea no es nueva. El patrón del terrorismo financiado con ayudas sociales lo siguió también Khalid Massoud, el yihadista que mató a cinco personas en el atentado de Westminster, que usó su subsidio de integración para poder financiar su ataque.

Según informó 'The Wall Street Journal', cinco de los terroristas que participaron en los atentados de París y Bélgica recibían subsídios públicos de diferentes administraciones locales belgas, cuyas cuantías totales habrían sido superiores a los 51.000 euros.

 


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