España

La alcaldesa de Paiporta, investigada por un presunto delito de prevaricación

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La Fiscalía ha abierto diligencias penales contra la alcaldesa de Paiporta, Isabel Martín, por un presunto delito de prevaricación, a raíz de una denuncia interpuesta por un agente de la Policía Local contra la regidora de Compromís, por haber eximido a un trabajador del Consistorio, que realizaba funciones de notificador y chófer, de llevar el cinturón de seguridad durante sus funciones laborales.

De acuerdo con la denuncia, que publica Las Provincias, los hechos se remontan al 29 de febrero de 2016, cuando el agente denunciante interpuso una multa contra el trabajador por «infringir la normativa de tráfico al circular sin el cinturón».

Ya en abril, dicho trabajador presentó un escrito en el Ayuntamiento en el que solicitó que se le exceptuase de llevar dicho mecanismo de seguridad y que se notificase tal medida a la Policía Local; así como que se declarase nula la sanción y se procediese a la devolución de la cantidad de 100 euros pagados y de los puntos retirados del carnet.

La resolución, que fue emitida posteriormente por la primera edil y consta con su visto bueno y la firma de la misma, permite «realizar las operaciones de recogida, transporte y entrega de documentos o pequeñas mercancías, así como el servicio de transporte de personas, con el vehículo asignado por el Ayuntamiento».

De acuerdo con el denunciante, este hecho supone un «supuesto delito de prevaricación» al tratarse de «una activa obstrucción beligerante para impedir la efectiva aplicación de la ley por los agentes de circulación de Paiporta».

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Asimismo, el policía asegura que «la Ley de Seguridad Vial (LGV) y el Reglamento General de Circulación (RGC) dictan de forma expresa las excepciones de uso del cinturón de seguridad, no encontrándose la figura del notificador en la norma», lo que supondría «una fragante ilegalidad».

El supuesto delito podría suponer la inhabilitación especial para el empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años, si se demuestra finalmente que se trata de «una resolución arbitraria, a sabiendas de su injusticia», tal y como recoge el artículo 404 del Código Penal.

Fuentes del Ejecutivo de Paiporta restaron importancia ayer a este asunto y señalaron haberse enterado de la diligencia a través de este diario, por lo que esperarán «a recibir las notificaciones de la Fiscalía antes de opinar al respecto». Asimismo, recordaron que «la primera edil emitió esta certificación con los informes favorables del secretario del Ayuntamiento».

Precisamente, en dicho documento, se alude al artículo 119. 2. b del Reglamento General de Circulación para emitir la autorización. Dicho punto excluye de la obligatoriedad de llevar puesto el cinturón a «los distribuidores de mercancías, cuando realicen sucesivas operaciones de carga y descarga en lugares situados a corta distancia unos de otros y siempre que circulen dentro de poblado».

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