El Gobierno ha aprobado este viernes 29 de mayo en un Consejo de Ministros Extraordinario el ingreso mínimo vital que pretende reducir en un 80% la pobreza extrema en España. Esta prestación llegará a 850.000 hogares (un 16% de ellos monoparentales), de los cuales 100.000 la recibirán de oficio a finales de este mes de junio, y oscilará entre los 460 y los 1.000 euros dependiendo de la composición del hogar.
La bomba del Gobierno: el Ingreso Mínimo Vital será de 1.015 euros al mes
El Gobierno ha aprobado en el #CMin de hoy el #IngresoMínimoVital. Una política social que llegará a 850.000 hogares y beneficiará a cerca de 2,3 millones de personas, con especial incidencia en los menores.
— La Moncloa (@desdelamoncloa) May 29, 2020
?El objetivo de esta medida es erradicar la pobreza extrema. pic.twitter.com/EcEJIPrJ5F
¿En qué contexto nace el Ingreso Mínimo Vital?
- Su implantación figuraba en el acuerdo de Gobierno suscrito entre el PSOE y Unidas Podemos como medida orientada a reducir la tasa de pobreza de España.
- El punto de partida de esta medida, según sus impulsores, es corregir los problemas estructurales de acceso a oportunidades que crea la alta desigualdad, ya que la pobreza imposibilita a los hogares más vulnerables acceder a oportunidades de formación y de empleo y les hace imposible invertir en llevar a cabo sus proyectos de vida, lo que les condena a una exclusión social estructural. En este contexto, el IMV aspira, mediante la garantía de un ingreso mínimo, a eliminar esta situación de vulnerabilidad estructural.
- Será una prestación de la Seguridad Social y su coste anual rondará los 3.000 millones de euros.
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¿Quiénes serán los beneficiarios?
- La estimación es que la prestación podría llegar a unos 850.000 hogares en los que viven aproximadamente 2,3 millones de personas.
- De los 2,3 millones de personas e que se podrán beneficiar del IMV, un 30% son menores.
- El 16% de los hogares potenciales beneficiarios son monoparentales. Y en ellos, casi el 90% están encabezados por una mujer. Es una renta 'feminista'.
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¿Cómo funciona esta prestación?
- El IMV va a fijar un umbral para cada tipo de hogar (dependerá del número de miembros, y se establece un complemento adicional para las situaciones de monoparentalidad). Una vez analizadas las rentas que tenga ese hogar (incluidas las salariales), el IMV cubrirá la diferencia entre la renta existente y el umbral fijado para ese tipo de hogar. Las cuantías van desde el equivalente a una pensión no contributiva para un adulto solo (unos 460 euros al mes en 12 pagas) a algo menos del SMI (1.000 euros al mes en 12 pagas).
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- Además de analizar las rentas, el IMV también hará un test de riqueza, algo bastante poco común en España,. Esto significa que cuando se presente la solicitud se comprobará que el beneficiario no supere un determinado umbral de patrimonio (descontando la vivienda habitual). Con ello, se asegura el acceso a personas realmente vulnerables y no sólo a personas que puedan tener problemas coyunturales de liquidez pero, por ejemplo, con un considerable patrimonio inmobiliario.
- Será compatible con las rentas mínimas de las CCAA, de forma que el IMV fijará un suelo común para los hogares que cumplan los requisitos y las CCAA podrán complementar estos ingresos, en la forma en que ellas lo consideren oportuno.
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- El IMV estará ligado a la puesta en marcha de estrategias para mejorar la inclusión. La filosofía que subyace a la norma es la facilitar la transición de los individuos desde la exclusión hacia la participación plena en la sociedad y en la economía. Estas medidas, establecidos por las comunidades autónomas y entes locales en el ámbito de sus competencias, estarán vinculados a la participación en el mercado de trabajo y también al acceso a la formación y serán específicos a las características de cada beneficiario.
- El IMV incorporará incentivos al empleo, de tal forma que las personas que se beneficien del IMV no se vean penalizados en términos de la prestación al acceder a oportunidades laborales.
- El Gobierno está trabajando en la posibilidad de una solicitud multicanal, de forma que se pueda pedir la prestación no sólo a través de la Seguridad Social, sino también a través de los ayuntamientos (a través de convenios) y también con ayuda de las entidades del tercer sector.
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