España imputa a Trapero por sedición

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El jefe de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, tendrá que acudir este viernes a la sede de la Audiencia Nacional para declarar como investigado por un presunto delito de sedición. Así lo ordenó la juez que instruye la investigación por los disturbios que se produjeron en Barcelona, el pasado 20 de septiembre, cuando miles de personas se concentraron a las puertas de la Consejería de Economía de la Generalitat mientras una comisión judicial estaba realizando registros por orden del Juzgado número 13 de Barcelona, en el marco del referéndum ilegal del 1-O.

Lo publica el diario El Mundo.

Fuentes jurídicas han informado de que la magistrada Carmen Lamela citó también en la misma calidad de imputado -antiguo nombre con el que se llamaba a los investigado- a los presidentes de la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC) y de la asociación Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cruixart, respectivamente, así como a la intendente de los Mossos encargada del operativo de la policía catalana el día de los hechos, Teresa Laplana Cocera.

El pasado 27 de septiembre la juez admitió la denuncia que presentó la Fiscalía de la Audiencia Nacional por estos hechos, en un auto en el que la magistrada explicaba que esas conductas de los manifestantes podían encajar en el artículo 544 del Código Penal que sanciona el alzamiento tumultuario, dirigido a impedir por la fuerza o fuera de las vías legales la aplicación de las leyes.

Según la textualidad de este artículo, "son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales".

La citación por parte de la juez Lamela se produce después de que la Policía Judicial le remitiese el atestado de los hechos denunciados, en el que considera que la concentración ante la Consejería de Economía "no puede considerarse como una manifestación espontánea", sino que existió "una voluntad clara de concentrar al mayor número posible de personas en esa zona". En este sentido, los investigadores resaltaron la "acumulación de indicios" sobre la presunta responsabilidad de Sànchez y Cuixart en los hechos, pues "tenían un poder efectivo sobre la gente concentrada".

El informe final de los atestados señalaba también a la 'mosso' Teresa Laplana, a la que hasta cuatro veces requirió la Guardia Civil que realizaba los registros la ayuda de los Mossos para que alejaran a los manifestantes de las puertas del edificio, ante lo que la agente se limitaba a responder: "No puedo" y que su intención era "mantener la situación".

Teresa Laplana llegó a responder al teniente de la Guardia Civil encargado de los agentes que estaban realizando los registros que "no existía afectación a la seguridad ciudadana y tampoco preveía que la hubiera, ya que no parecía una masa violenta por lo que no solicitaría la movilización de estas unidades".

Hasta la negativa a prestar ayuda por parte de la intendente de lo Mossos, el teniente de la Guardia Civil recurrió al conducto normativo para solicitar apoyo "urgente" a la policía catalana. Hasta en seis ocasiones remitió la Guardia Civil notificaciones urgentes de ayuda a los Mossos d'Esquadra por el conducto reglamentario. 

La denuncia presentada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional el pasado 22 de septiembre, firmada por el teniente fiscal, Miguel Ángel Carballo, advertía de que las concentraciones y manifestaciones se realizaron "para impedir por la fuerza la actuación de las autoridades y sus agentes en el ejercicio de sus funciones en defensa del ordenamiento constitucional".

"La finalidad inmediata de las personas que protagonizaron los actos estaba orientada a impedir que funcionarios de la Administración de Justicia y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pudieran desarrollar sus funciones en cumplimiento de la Ley y de las resoluciones dictadas por una autoridad en el seno de un procedimiento judicial", resaltaba el fiscal Carballo en su denuncia.

El delito de sedición contempla penas de prisión de ocho a 10 años de cárcel para las personas que indujeron o dirigieron la sedición, o aparecieron en ella como autores, y de hasta 15 años si fueran personas con autoridad.


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