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El Tribunal de Cuentas detecta que el Estado está pagando la jubilación a 30.000 muertos

pensionistas

El Tribunal de Cuentas ha detectado que casi 30.000 personas (29.321 para ser exacto) ya fallecidas seguían cobrando una pensión en el 2014.

El Estado desembolsó por este concepto 25,3 millones de euros en diciembre del 2014. Así consta en un informe de fiscalización del Instituto Nacional de la Seguridad Social correspondiente al 2014, en el que se analizan los datos de fallecidos entre 1997 y agosto del 2015, y en el que el Tribunal de Cuentas concluye que existen una serie de "lagunas y deficiencias" en el control que ejerce la Seguridad Social sobre las defunciones de pensionistas y, en consecuencia, recomienda mejoras para impedir que se paguen prestaciones a personas ya muertas.

El mismo análsis asegura que de los 29.321 pensionistas que en diciembre del 2014 figuraban con el mismo DNI en la nómina de la Seguridad Social y como fallecidos en la base de datos del INE, "seguían en la de octubre del 2015 un total de 27.860, que equivalen al 95%".

También afirma que en el 2014 se realizaron 22.802 procedimientos de retrocesión por importe de 25,6 millones, de los que se recuperó el 94%. Este procedimiento se produce una vez que se verifica el fallecimiento y se comunica a la entidad financiera que suspenda el abono de la pensión

El organismo fiscalizador, que ha detectado estos errores al cruzar los datos de los decesos de beneficiarios de las prestaciones y los decesos registrados en el Instituto Nacional de Estadística (INE), atribuye estas deficiencias en el control sobre el fallecimiento de pensionistas a las carencias de información que sobre defunciones remiten al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) tanto la Dirección General de los Registros y del Notariado como el Instituto Nacional de Estadística (INE), así como a los criterios del INSS para efectuar el cruce informático, pues éstos "no garantizan que a partir de la información disponible se detecten y se den de baja a todos los pensionistas fallecidos".

"El INSS no tiene establecido un control de vivencia de los beneficiarios de una pensión y las entidades financieras colaboradoras en el abono de las pensiones tampoco efectúan de manera sistemática dicho control", subraya el Tribunal de Cuentas en este informe sobre el ejercicio 2014.

Bases de datos

Para solucionar este problema y evitar pagos indebidos, el Tribunal de Cuentas recomienda al INSS analizar las coincidencias de pensionistas que figuran como fallecidos en la base de datos del INE; instar a las entidades financieras a que efectúen un control de vivencia de los pensionistas y remitan la correspondiente comunicación; y emplazar a las direcciones provinciales a realizar de manera sistemática un control de vivencia, al menos trianual, para interrumpir los plazos de prescripción.

En su informe, aprobado por el pleno del Tribunal de Cuentas, el organismo fiscalizador también aconseja al INSS elaborar un manual de gestión de cobros indebidos de prestaciones; diseñar una aplicación informática integral para su utilización por todas las direcciones provinciales; analizar si los recursos materiales y humanos dedicados a la gestión de cobros indebidos son los adecuados; realizar actuaciones para conciliar y, en su caso, depurar el saldo de la deuda en gestión de cobro por la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), y perfeccionar los procedimientos de comunicación entre ambas entidades.

En sus alegaciones, la Seguridad Social destaca que el informe "centra sus conclusiones solo sobre 766 registros, es decir, sobre aquellos en los que se aprecia alguna coincidencia adicional al presunto DNI". A su vez destaca los "elevados porcentajes de cobertura" que "han permitido automatizar las bajas de pensión por fallecimiento en un porccentaje igualmente elevado de los casos".

Así, según la Seguridad Social, en el 2014 el número total de bajas automáticas de pensión por fallecimiento fue el 83,18% sobre el total de bajas por fallecimiento. en el 2013 fue del 81%, en el 2012, del 76,46%; y el en 2011, del 70,64%.

Cobros indebidos

En relación a la detección de los deudores por cobros indebidos de prestaciones, se señala que se estaban reclamando con dos años de retraso los complementos a mínimos de las pensiones percibidos indebidamente por incompatibilidad con los ingresos del beneficiario. Esto supone un riesgo de cobro indebido del complemento a mínimos en los años sucesivos, ya que la normativa vigente no permite la suspensión cautelar en los casos de reincidencia.

Además concluyen que el INSS no disponía, durante el periodo fiscalizado, de un manual interno para la tramitación de los cobros indebidos de prestaciones que contemplase aspectos como criterios de gestión, controles a realizar, forma de efectuar estimaciones y cálculos, custodia de la documentación, fuentes de datos disponibles, etc.

Por otro lado, al parecer no hay un criterio uniforme en las distintas direcciones provinciales ante supuestos idénticos o muy similares, debido a que la Dirección General no homogeneiza ni coordina las actuaciones "más allá de dictar instrucciones sobre aspectos parciales de la misma", dice el informe.

Asimismo, el inventario de deudores por prestaciones del INSS a 31 de diciembre del 2014 presenta una serie de incidencias como la omisión de la fecha de resolución de expedientes que ya han sido resueltos, la inclusión de expedientes sin saldo inicial de deuda ni movimiento en el ejercicio.

Ministerio de Justicia

El INSS destaca en sus alegaciones que, desde que comenzó la informatización de los registros civiles en el año 2009, el sistema principal de detección de fallecimientos es el intercambio diario de información con el Ministerio de Justicia. Pero inmediatamente añade que la labor de control y detección de fallecimientos de pensionistas sigue haciéndose, paralelamente, de forma manual y por diversas vías desde las propias direcciones provinciales del INSS.

De hecho, el INSS defiende que el intercambio de datos diario con Justicia "no releva ni libera" en absoluto a las direcciones provinciales de su labor de control y que, por esta razón, el control de fallecimiento de pensionistas es siempre un objetivo anual que se fija a las direcciones provinciales y "cuyo grado de cumplimiento condiciona el complemento de productividad".

El INSS alega además que casi el 95% del total de fallecimientos que se produjeron en España en el 2014 se registraron informáticamente en el correspondiente Registro Civil y se trasmitieron al INSS diariamente, por lo que las bajas de pensión por fallecimiento alcanzaron un porcentaje igualmente elevado.

Tras exponer todos estos datos, el INSS considera que los resultados obtenidos por el Tribunal en lo que respecta al control de fallecimientos "debe ser objeto de revisión" al no corresponderse con la realidad.

 

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