Última actualizaciónVie, 03 Jul 2020 11am

España

El mismo día que desalojan el Hogar Social, Madrid ofrecerá pisos gratis a los inmigrantes ilegales

carmena inmigrantes

Estamos viviendo una avalancha de inmigrantes sin precedentes en nuestras fronteras. Alentados por el 'efecto llamada' y el papeles para todos impulsado por el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, España se ha convertido en el destino preferido para las mafias que trafican con seres humanos en el Mediterráneo. Somos el puente de plata para entrar en Europa de miles de inmigrantes que llegan en busca de nuestro estado del bienestar desde el continente africano.

En plena crisis migratoria, el Ayuntamiento de Madrid de Manuela Carmena quiere aprovechar e ir todavía un paso más allá con el objetivo de alcanzar una de sus grandes promesas electorales: conseguir el cierre definitivo del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche, donde se confinan cientos de inmigrantes ilegales.

El consistorio de la capital ha presentado un ambicioso plan en el que propone, entre otras medidas, ofrecer vivienda municipal o de asociaciones con las que exista convenio "en la que la persona extranjera podrá permanecer teniendo cubiertas sus necesidades básicas, hasta que se resuelva su expulsión o no del territorio nacional".

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Así se desprende del informe sobre el CIE elaborado tras las conclusiones de la mesa de trabajo sectorial, una vez se han escuchado a entidades sociales y ONGS centradas en el trabajo por los derechos humanos del CIE. El objetivo es el cierre del CIE y, mientras esto no ocurre, se busca que no haya internos y que los que haya tengan garantizados los derechos humanos en el mismo. Así, se plantean medidas previas al internamiento, durante el mismo y una vez se ha abandonado el centro.

Por ello, antes de la entrada en el CIE se apostará por valorar las circunstancias personales y de vulnerabilidad , "prestando especial atención a personas en situación de especial vulnerabilidad o de arraigo social o familiar". En este sentido, se promoverán medidas para que el CIE solo se utilice "como último recurso y una vez se haya descartado la adopción de medidas alternativas".

La medida se conoce y contrasta poderosamente el mismo día que se ha producido el enésimo desalojo del Hogar Social Madrid, organización sin ánimo de lucro que se dedica a prestar ayuda única y exclusivamente a los españoles más necesitados, desamparados y abandonados a su suerte por las instituciones de su propio país.

Asesoramiento jurídico gratis

A los inmigrantes, asimismo, se les informará también de la posibilidad de retornos voluntarios, y se facilitará la decisión judicial "ofreciendo al juez de Instrucción un informe social elaborado especialmente en aquellos aspectos que tienen que ver con el arraigo u otras circunstancias personales que deben ser consideradas". Se apuesta por una atención a personas en situación de especial vulnerabilidad, como mujeres víctimas de violencia de género, trata o solicitantes de asilo.

Para ello, se pretende divulgar todos los recursos y servicios que pueda ofrecer el Ayuntamiento entre colegios de Abogados y Juzgados de Instrucción de aquellas ciudades "de las que provengan habitualmente las personas internas", para lo que se solicitará la colaboración del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo General de la Abogacía Española y de la Federación Española de Municipios y Provincias.

Otras de las medidas que se contemplan en el informe es dotar al Servicio de Asesoramiento a Jueces e información al detenido y a su familia (SAJIAD) de un número de trabajadores sociales "suficiente" para que puedan solicitar informes sociales y de arraigo de todas las personas extranjeras en situación irregular que pasen a disposición judicial en los Juzgados de Plaza de Castilla.

En esta línea, se ofrecerán recursos necesarios, como alojamiento y alimentación, para que los jueces "puedan evitar el internamiento del ciudadano en el CIE" y se pretende firmar un convenio de colaboración con el Colegio de Abogados de Madrid "para facilitar a los defensores de las personas que puedan ser internadas en el CIE".

Alojamiento, sanidad y educación

Además, se busca que el personal de servicios sociales del Ayuntamiento realice cursos de formación con el objeto de que "conozcan las consecuencias de la irregularidad sobrevenida". Se les facilitará también protocolos para proteger los derechos de las personas más vulnerables, como transexuales, detección de víctimas de trata, o enfermos de Sida.

Si el internamiento se acaba produciendo, el Consistorio quiere que el tiempo en el mismo sea "el menos posible". Por ello, quieren acordar con los responsables del CIE "la presencia dentro del mismo de dos o tres trabajadores sociales, que puedan hacer seguimiento de la situación personal y administrativa de los internos".

También se quiere acordar con el CIE que los servicios sociales del Ayuntamiento "puedan ofrecer a las personas internadas la asistencia social y cultural". "Los servicios sociales del Ayuntamiento deberán facilitar y asistir a las personas internadas en todas aquellas actuaciones que no puedan realizar al tener limitada su libertad", se desgrana en el informe. Otra de las tareas de los servicios sociales del Consistorio sería "intervenir y realizar las actuaciones necesarias con las personas internadas para planificar y preparar su salida del CIE".

En caso de conocerse la fecha probable de ejecución de la orden de expulsión, los trabajadores sociales deberán ofrecer a la persona internada la posibilidad de ofrecer a la persona internada la posibilidad de comunicado ese dato al letrado que lo asista. En el documento se recuerda que los CIE son centros no penitenciarios cuya función instrumental es la de facilitar la expulsión de las personas extranjeras en situación irregular, privándoles de libertad durante un período máximo de 60 días.

"La opacidad que envuelve su gestión, sumada a las reiteradas denuncias relativas a la violación de derechos de las personas internas en el citado CIE provoca que este Ayuntamiento de Madrid muestre su preocupación por la defensa de los derechos humanos de quienes se encuentran internados en el referido Centro".  

España se ha convertido en un paraíso de derechos y libertades... para los inmigrantes.


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