Última actualizaciónMié, 05 Ago 2020 7pm

España

El Gobierno recurre al Constitucional la investidura de Puigdemont

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La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado este jueves que el Ejecutivo recurrirá la decisión del 22 de enero del presidente del Parlament, Roger Torrent, de proponer al expresident de la Generalitat Carles Puigdemont como candidato a presidente de la Generalitat.

En una rueda de prensa esta mañana, convocada a las 12.15, Sáenz de Santamaría ha dicho que el Gobierno central ha encargado un informe preceptivo al Consejo de Estado para impugnar ante el alto tribunal la resolución de Torrent para proponer a Puigdemont como presidente de Cataluña: "Si se admite, supondría paralizar los efectos de esa decisión porque el estado actual del señor Puigdemont es incompatible con su comparecencia en la Cámara. Carece del derecho de libertad deambulatoria, porque tan pronto como entre en territorio nacional debe ser puesto a disposición judicial".

El Gobierno, por tanto, afirma que el expresident huido en Bruselas no puede ser investido porque no tiene libertad deambulatoria ya que hay una orden de detención si viene a España. Además, el Ejecutivo ha hecho esta "consulta potestativa" al Consejo de Estado para que elabore un dictamen sobre si se puede hacer una investidura no presencial si el Parlament lo permite y si esta puede ser impugnada por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional. Asimismo, se ha pedido un informe sobre si pueden votar los diputados fugados.

El expresidente de la Generalitat mantuvo este miércoles en Bruselas una reunión con Torrent donde dijo que "la investidura ideal es la presencial". "Pero hay otros caminos y no descartamos ninguno", añadió sin concretar cuáles. El encuentro, en el que también participaron los cuatros exconsejeros huidos a Bélgica, duró algo más de una hora, y se celebró de forma improvisada en la sede de la European Free Alliance, una organización de partidos europeos afines al nacionalismo.

Inicialmente estaba previsto que se vieran en la delegación de la Generalitat en Bruselas, pero el Gobierno español, a cargo de dicha sede desde que aplicó el artículo 155, prohibió que la reunión se celebrase en sus instalaciones y ordenó su cierre temporal durante la jornada de este miércoles.


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