Un total de 8.814 inmigrantes en situación irregular ingresó en los centros de internamiento de extranjeros (CIE) durante el año pasado, 1.200 personas más que el año anterior. El 62% (4.284) fueron puestos en libertad sin ser enviados de vuelta a su país.
Las cifras proceden del Ministerio del Interior y se citan en el informe anual sobre el funcionamiento de los CIE que realiza el Servicio Jesuita a Migrantes. Lo publica el diario El Mundo.
En él se cuestiona la finalidad de un internamiento que genera "un sufrimiento inútil" a miles de personas: si la única finalidad legal que tienen los CIE es custodiar a los sin papeles mientras se tramitan todos los papeles para realizar su expulsión, ¿por qué se les encierra hasta 60 días cuando ya por adelantado se tiene la certeza de que va a ser imposible hacer efectiva su repatriación en la mayoría de los casos?
Los datos por nacionalidades son muy llamativos: fueron puestos en libertad el 100% de los inmigrantes de la República del Congo, República Democrática del Congo y Burkina Faso; el 99% de los de Costa de Marfil, Gambia, Camerún y Guinea Bissau; el 96% de los de Sierra Leona y Mauritania; el 94% de los de Mali y Senegal...
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— MEDITERRÁNEO DIGITAL (@MediterraneoDGT) 10 de julio de 2017
Sólo los marroquíes, los rumanos, los colombianos y, en menor medida, los argelinos son repatriados. El motivo, dice el informe, es que en la población marroquí existe "una mayor facilidad para la identificación" de los recién entrados y también para su devolución. A cambio, a los subsaharianos no queda otra que ponerlos en libertad "dada la dificultad para comprobar la nacionalidad declarada".
"No hay documentación fidedigna para saber de qué nacionalidades son, ni un país que diga: 'Admito a estos inmigrantes porque constato que son míos'", ha explicado el jesuita Josep Buades, autor del informe.
"Sí funcionan bien las repatriaciones con los marroquíes y los argelinos, pero se ha creado un cuello de botella. Argelia admite a sus ciudadanos si se les lleva en barco, pero las plazas son limitadas y nos hemos encontrado con inmigrantes que son puestos en libertad a los dos meses porque no les da tiempo a llevarlos", ya que la ley dice que los sin papeles pueden estar hasta un máximo de 60 días en estas instalaciones hasta que se les expulsa.
Rumanos, ecuatorianos y marroquíes se comen 7 de cada 10 euros de nuestra sanidad pública https://t.co/FZfVtndyqv pic.twitter.com/Whh639yX7x
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