El pasado 20 de septiembre, la Guardia Civil detuvo a 14 personas, entre ellas varios altos cargos de la Generalitat de Cataluña, acusados de estar al frente de la organización del referéndum del 1 de octubre. La investigación arrancó ocho meses atrás, y la dirige el titular del juzgado número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, que mantiene la causa bajo secreto.
En el registro del despacho del secretario de Hisenda, Lluís Salvadó, se encontró un sobre abierto, remitido por el director de Patrimoni, Francesc Sutrias, que contenía diferente documentación y un manuscrito de dos folios que llamó la atención de los investigadores. El autor plantea dos supuestos económicos: uno de "guerra" y otro de "guerrilla". Y las consecuencias de cada una de las dos posibilidades.
El manuscrito, que consta en las diligencias del juzgado número 13, plantea cuáles serán la acción y la reacción que en materia económica llevarán a cabo las instituciones españolas y catalanas, en caso de "guerra" o de "escenario de guerrilla". La Vanguardia ha tenido acceso al manuscrito, que su autor no firma, y actualiza con tachones sobre el mismo original.
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Tras su hallazgo, los investigadores de la policía judicial de la comandancia de la Guardia Civil de Barcelona tradujeron los dos folios y redactaron su propio informe, al que también ha tenido acceso este diario.
Le dan valor ante las consecuencias económicas que ya se están sufriendo en Cataluña frente a la ofensiva independentista. La propia Guardia Civil recuerda que "en estos momentos ya se está produciendo un traslado masivo de las sedes sociales de grandes empresas a otras ciudades españolas".
En cualquier caso, su autor advierte del uso de términos bélicos. "La utilización de estos términos pone en evidencia la beligerancia que la Generalitat está utilizando en este proceso y lo importante que es para ellos que se genere tensión y conflicto entre ellos y el Gobierno de España".
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El manuscrito hallado en el despacho de Salvadó plantea en un "escenario de guerra" las dificultades que habría para garantizar tanto el pago de las nóminas a los funcionarios como a proveedores, lo que obligaría a atrasar el pago a proveedores y a recurrir a medidas de financiación alternativas como los "bonos patrióticos", además de dejar de pagar amortizaciones al Estado. Se buscaría además un sistema para trasladar las cuentas a París.
En el "escenario de guerrillas", los autores del manuscrito definen julio del 2018 como la fecha más crítica, porque habría finalizado el fondo de la tesorería, y admiten que las futuras estructuras económicas carecen de capacidad real para gestionar y pagar las cotizaciones del sector público.
El analista de la Guardia Civil va más allá y recomienda la necesidad de que la sociedad catalana "sea consciente de que, desde el punto de vista económico, detrás de la declaración unilateral de independencia (DUI) está el más absoluto de los abismos".
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