El portavoz del Partit Demòcrata Català en el Congreso, Francesc Homs, anunció ayer la interposición de una querella contra el ministro Jorge Fernández Díaz y el ex director de la Oficina Antifrau, Daniel de Alfonso por presunta violación de secretos y malversación, así como prevaricación.
La iniciativa penal, que se concreta hoy ante el Tribunal Supremo, acompaña la acción de Xavier Trias, dirigente del grupo municipal de CiU en Barcelona, y alude a las conversaciones grabadas de forma ilegal entre Fernández Díaz y De Alfonso que difundió el diario Público y que causaron la destitución del alto cargo de la Oficina Antifrau en junio de este año.
Según el escrito, «la formación política CDC es el objetivo mediato de sus turbias maniobras», en alusión a las conversaciones acerca de investigaciones que llevaba a cabo la Oficina Antifrau sobre las actuaciones de distintos políticos que supuestamente puso en conocimiento del ministro del Interior, a la vez que comentaban los futuros pasos de su tramitación y posible traslado a la prensa.
En este sentido, el abogado de CDC, Xavier Melero, relata que del contenido de las grabaciones se desprende que «no solamente es patente la revelación de la información confidencial, sino también el perjuicio que ello tiene para los afectados por tal revelación así como la absoluta colisión que estas conductas tienen con el buen funcionamiento de la Administración Pública».
La veracidad de las grabaciones, para CDC, se desprende de las palabras del mismo Daniel de Alfonso, que, en su intervención en el Parlament al ser llamado a comparecer tras estallar el escándalo, se centró en denunciar la nulidad de las grabaciones de las reuniones «sin afirmar en ningún caso la falsedad de su contenido». La querella hace hincapié en que incluso «pidió disculpas por el tono empleado en las mismas».
Las grabaciones acerca de la entrega de documentación relativa a una investigación a Francesc Homs por unos supuestos nombramientos a dos familiares de Felip Puig o el detalle de una investigación de Antifrau por un supuesto blanqueo de capitales relacionado con la gestión del Ayuntamiento de Barcelona, entonces en mano de CiU, que según la querella pretendía perjudicar a Xavier Trias, son el fundamento de la acusación.
Los querellantes apuntan que «el desagradable lenguaje utilizado por Daniel de Alfonso acredita una indudable intención de utilizar su función pública para fines completamente distintos para los que se ha creado». En cuanto a la supuesta responsabilidad penal del ministro, la querella apunta a que se movió entre «la inducción y la cooperación necesaria psíquica o material», al incitar a De Alfonso a realizar nuevas investigaciones, o bien participó «en comisión por omisión», esto es, que incumplió sus deberes de actuar conforme a los principios que se esperan de un servidor público que «además ocupa uno de los cargos más importantes del país».
Finalmente, la querella también pide responsabilidad al Cuerpo Nacional de Policía por un delito de revelación de secretos, falsedades y calumnias, por entender que el ministro del Interior está vinculado con la noticia publicada por el diario El Mundo sobre una supuesta cuenta en Suiza de Xavier Trias de la que niega su existencia.
