La Fiscalía Anticorrupción pide siete años de cárcel a cada uno de los cinco excargos de UGT Andalucía por la causa de las facturas falsas, entre ellos el exsecretario general de sindicato Francisco Fernández Sevilla y cuatro personas más de la dirección, por presuntos delitos continuados de fraude de subvenciones y de falsedad en documento mercantil.
En concreto, los investigados son, además de Francisco Fernández, el que fuera secretario general de Administración de UGT-A; la secretaria de Gestión Económica; el consejero delegado de la entidad Soralpe I Mas P Asociados S.L., y la responsable del departamento de Compras de UGT-A, a la que le pide cinco años de prisión.
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El escrito del Ministerio Fiscal solicita además el pago de una indemnización, conjunta y solidariamente, de 40,7 millones de euros, que es la cantidad supuestamente defraudada.
Anticorrupción ha formulado este escrito de acusación después de que el juez de Instrucción número 9 de Sevilla dictara un auto a principios de este mes de diciembre en el que acordaba continuar como procedimiento abreviado la causa abierta por las presuntas facturas falsas del sindicato contra estos ex altos cargos y proveedores, una resolución en la que concluyó el magistrado que “el cómputo global de las cantidades defraudadas asciende a 40.750.047,74 euros”.
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El juez acordó el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones respecto del exsecretario general del sindicato Manuel Pastrana, dada su “situación de incapacidad sobrevenida”, tal y como puso de manifiesto el informe médico forense emitido el pasado 17 de mayo.
Un manual para defraudar
Sobre el bote y el rápel, que iba engordando con las facturas simuladas confeccionadas por los proveedores, el fiscal señala que "tal fue su osadía" [de los responsables de UGT-A] que el manual de contabilidad del programa informático Spyro "llegó a poner ejemplos con un proveedor real de los que facturaban falsamente" para que los empleados del sindicato supieran cómo "manejar y contabilizar" esos recibos.
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Del rápel, el fiscal explica que el tesorero de UGT-A negociaba con los proveedores del sindicato "un descuento ante la ingente actividad comercial". "Estos descuentos se pactaban como cláusula expresa en cada contrato o bien verbalmente" y se materializaban al final de cada ejercicio. La irregularidad del descuento radica en que, para justificar las subvenciones ante la Junta, el sindicato presentaba "la primera factura sin incluir el descuento, ocultándolo y lucrándose así en el exceso".
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