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España | Economía

Peluquerías Low Cost: todos a la cárcel en un fraude multimillonario

low cost

Los chanchullos fiscales de la cadena de peluquerías Low Cost eran un secreto a voces. Al menos eso se desprende de las primeras reacciones que ha habido a la noticia de la detención de 37 personas, sólo en la provincia de Sevilla, donde tiene su sede social, por fraude fiscal. Cinco de los detenidos conforman la cúpula de la empresa matriz, y los otros 32 implicados son franquiciados.

Las Peluquerías Low Cost es una marca andaluza que nació en Sevilla en el año 2013 y que cuenta con más de 600 franquicias en toda España. En la web Franquicia.net explican que allí "el personal está en continua formación". Tan continua que este miércoles salió a la luz que la cadena ha defraudado supuestamente más de tres millones de euros con falsos contratos de trabajo.

En la página web explican que el volumen de su negocio de peluquería y estética creció en el bienio 2015-2016 hasta los 3.670 millones de euros. Lo más llamativo es la aparición de la cadena en el Jefe Infiltrado en el 2015, el programa de telerrealidad de La Sexta en el que los jefes trabajan infiltrados en sus propias empresas para investigar cómo funcionan realmente. La empresa usó el programa como vehículo para promocionarse. El inflitrado fue Alberto Zapiaín, el que era su director de expansión y se hacía pasar por un participante de un especial sobre ninis.

Fraude a la Seguridad Social

Ahora, los franquisiciados se han agrupado en un colectivo de afectados y bajo la dirección legal de una letrada han emitido este jueves un comunicado, desligándose por completo de las imputaciones que hace la Policía Nacional, la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social, que mantienen abierta una investigación.

Acusan a los dueños de la empresa matriz de haberles impuesto una condiciones que están en el germen del supuesto fraude: la contratación del personal con la modalidad de contratos de formación cuando no reunían las condiciones. Se trataría de una argucia para pagar más barato a la plantilla y, además, obtener beneficios fiscales.

«Los franquiciados no se han beneficiado de los contratos en formación. No eran conocedores de tal fraude. Eran los propietarios de la franquicia quienes les obligaban, al firmar el contrato de franquicia de peluquería, a contratar con la empresa de asesoría laboral y fiscal, así como con la academia de formación que ellos les imponían».

Los franquiciados aseguran que dicho centro de formación, que también está bajo la lupa de la Policía Nacional, se les indicaba que estaba homologado por la Junta de Andalucía, pero descubrieron posteriormente que no era así. Es más, señalan que fueron dos de estos pequeños empresarios los que pusieron sobre la pista a los agentes al denunciar hace dos años las prácticas presuntamente ilegales. La plataforma presentó otra denuncia en agosto y a finales de septiembre se desencadenaron las detenciones.

La Policía Nacional ya informó en su comunicado que los dueños de la cadena imponía las condiciones de contratación y formación, pero que los franquiciados que han caído en esta primera fase de la operación eran conocedores del fraude que se estaba cometiendo y que ha tenido dos grandes perjudicados: los trabajadores, que estaban sometidos a salarios muy bajos ya condiciones por debajo de convenio; y la Seguridad Social que cifra inicialmente en tres millones de euros el dinero del que se beneficiaron los dueños de Low Cost y los responsables de las peluquerías mediante bonificaciones y deducciones fiscales.

Los franquiciados niegan estar al corriente de cualquier treta y sostienen que estaban condicionados a la franquiciadora hasta tal punto que les imponía los trabajadores seleccionados. Se sitúan, además, como unos afectados más en el supuesto fraude. «Las bonificaciones de los cursos de formación los pagaron a los dueños de la franquicia, y nunca percibieron las bonificaciones de la Junta de Andalucía, puesto que los dueños de la franquicia señalaron en la Tesorería General de la Seguridad Social sus cuentas bancarias y no de los franquiciados, como hubiera correspondido».

Aseguran que lejos de lucrarse los franquiciados están arruinados por deudas que superan los 100.000 euros y que les reclama la Seguridad Social y Hacienda. «Algunos tienen embargados sus cuentas bancarias, sus pisos, otros han cerrado sus negocios y están en tratamiento médico». Una situación que empeoró en septiembre cuando 32 de estos pequeños empresarios fueron interrogados por la Policía en calidad de detenidos «y tratados como delincuentes al mismo nivel que los organizadores de este fraude».

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