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Macrooperación policial en toda España por la corrupción en la gestión del tráfico

semaforos

La Policía Nacional ha lanzado este martes a primera hora una operación anticorrupción con registros en varios ayuntamientos de ciudades como Madrid y Barcelona por presuntas irregularidades en la contratación de los semáforos, han informado a Europa Press fuentes de la investigación.

En el operativo, liderado por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) junto con la Fiscalía Anticorrupción, se prevén 66 detenciones principalmente en la Comunidad de Madrid, Cataluña, Asturias y Castilla y León.

Según informa Fernando Lázaro en El Mundo, entre los municipios afectados se encuentran los de Navalcarnero, Arroyomolinos y Fuenlabrada. Los agentes han entrado en el Ayuntamiento de Fuenlabrada, interrumpiendo el trabajo de los funcionarios para realizar los registros.

El empresario José Luis Ulibarri, investigado dentro de la trama del 'caso Gürtel', se encuentra entre los detenidos en la investigación de la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía por el amaño de contratos de diferentes aplicaciones de gestión policial en una cuarentena de municipios, según han informado a Europa Press fuentes de la investigación.

También ha sido arrestado José Francisco Cano, jefe de la Policía Local de Fuenlabrada y secretario de Unijepol, una organización que reúne a los jefes de las diferentes policías municipales de toda España. En su web, la Unión Nacional de Jefes y Directivos de Policía Local se anuncia como una asociación de carácter nacional que agrupa a jefes y mandos de cualquier categoría de los Servicios de Policía Local.

Los hechos investigados en la 'operación Enredadera', según una nota de prensa de la Fiscalía Anticorrupción, están relacionados con los delitos de prevaricación administrativa, fraude a la administración pública, revelación de información privilegiada, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, falsedad documental por funcionario público y por particular, alteración del precio de concurso público y pertenencia a organización criminal.

Al frente de la investigación se encuentra la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona, que ha ordenado la entrada y registros en diversos ayuntamientos, sedes de empresas y domicilios particulares del territorio nacional para desarrollar diligencias sobe la empresa Aplicaciones Gespol S.L., filial de Sacyr integrada a su vez en el grupo Valoriza Servicios Medioambientales.

El Juzgado de Badalona ha autorizado la entrada y registros en los siguientes ayuntamientos: Alcobendas, Arroyomolinos, Fuenlabrada, Huesca, Illescas, Lérida, Majadahonda, Mollet de Vallés, Oviedo, Parla, Pinto, Plasencia, Tiana, San Andrés del Rabanedo, Vélez Málaga, Villanueva de la Cañada, León, Palencia, Teruel, Plasencia, Torrelodones y Villaquilambre.

Este mismo Juzgado, según la nota de la Fiscalía, ha ordenado prácticas de requerimientos de documentación con presencia policial de otros organismos como la Diputación de Alicante y otros tantos municipios: Mataró, Montgat, Pineda de Mar, Premià de Mar, Rubí, Aldea del Fresno, Brunete, El Escorial, Galapagar, Manzanares el Real, Valdemorillo, La Cistérniga, El Puig, Gandía, Logroño, O'Grove, Sant Vicent del Raspeig y Vitoria.

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