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Mié04242019

Última actualizaciónMié, 24 Abr 2019 10pm

España | Economía

La doble vara de medir la corrupción entre la izquierda y la derecha

unidos-podemos

La jueza Yolanda Sánchez Gucema, magistrada de lo Penal de Sevilla, ha absuelto a los 10 imputados en el mediático 'caso Mercasevilla', acusados por las supuestas irregularidades en la adjudicación del concurso público para la venta de los terrenos.

Pero, ¿qué es Mercasevilla y por qué fue el origen de los ERE, uno de los mayores casos de corrupción de la historia de España?

Todo comenzó hace casi una década y a raíz de un chantaje y una grabación. Fue en 2009 cuando los exdirectivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce exigieron al restaurante La Raza una comisión de 450.000 euros a cambio de darles luz verde para que se hicieran con el control de la Escuela de Hostelería, que ya tenía adjudicada una subvención por parte de la Junta de Andalucía de 900.000 euros. Los dueños del local grabaron la conversación y se la entregaron a la Consejería de Empleo, que inmediatamente se lo remitió a la Fiscalía.

Durante la investigación, llevada a cabo por la jueza Mercedes Alaya, salieron a la luz en 2006 una serie de irregularidades en la adjudicación de los terrenos que ocupaba Mercasevilla y en los que se tenía previsto construir 2.000 viviendas de protección oficial cuando el mercado se trasladase a una nueva ubicación.

En el proceso, que ha durado más de ocho años, se acusaba a los investigados de haber manipulado la realidad para alterar la adjudicación y el contrato de la venta de diversos terrenos. Gracias a esta investigación, comenzaron a salir a la luz los ERE, aunque no existe relación judicial entre ambos casos.

Un país d corruptos: prescriben la mayoría de causas por el caso de los ERE de Andalucía

Entre los 10 imputados, se encontraba Antonio Rodrigo Torrijos, exprimer teniente de alcalde y exportavoz de IU en el Ayuntamiento sevillano.

La juez ha declarado que no se ha podido acreditar la venta fraudulenta de los terrenos a la empresa Sando por 106 millones de euros frente a los 158 que ofreció la empresa Noga.

Tras conocerse esta noticia, las reacciones han sido múltiples e inmediatas. Sin embargo, llama poderosamente la atención como los afines y dirigentes de Podemos e Izquierda Unida han arremetido duramente contra la juez Alaya y se han lamentado del "daño irreparable" causado a Torrijos.

La juez Alaya, relevada por presiones políticas

Curiosamente, este proceso comenzó a investigarlo la juez Mercedes Alaya, pero fue destituida porque así lo quiso el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, un tribunal cuyo presidente y presidentes de sala son nombrados por el Consejo General del Poder Judicial.

A su vez, el CGPJ es nombrado por el Parlamento. De hecho, 12 vocales son elegidos por los cargos políticos entre una terna propuesta por los jueces y los 8 restantes son propuestos y elegidos directamente por los partidos políticos.

La doble vara de medir de Podemos e IU

Las reacciones de los simpatizantes y miembros de PodemosIzquierda Unida se contraponen a la actitud que mostraron en casos similares en el pasado. Cuando por ejemplo Francisco Camps, ex presidente de la Comunidad Valenciana, fue absuelto por el caso de los trajes, la izquierda puso en entre dicho la justicia española y nadie pidió reparar los daños causados.

Algo parecido ocurrió cuando Rita Barberá fue imputada. La que fuera alcaldesa de Valencia fue investigada por un supuesto blanqueo de capitales. Se señalaba que ella donó 1.000 euros al partido y el juez la imputó para descubrir si pertenecía a una trama en la que numerosos miembros del PP donaban dinero a una cuenta para blanquearlos.

El linchamiento público a Barberá fue brutal y no había día en que los dirigentes de la oposición pidieran su dimisión como senadora, a pesar de que no se había dictado sentencia. Todos conocemos sobradamente el trágico desenlace final.

¿Qué pasa cuando los imputados son podemitas?

Sin embargo, cuando los dirigentes de Podemos son los imputados el partido les respalda.

Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer están siendo investigados por utilizar 100.000 euros públicos para elaborar dos informes sobre el Madrid Open y destapar un supuesto caso de corrupción. Encargaron ambos estudios sin el consentimiento del consistorio, a pesar de que ya existían ya 3 informes anteriores que corroboraban que no existían ilegalidades con el convenio firmado con el Open de Tenis por el anterior equipo de Gobierno del Partido Popular. Ahora, están imputados por tres presuntos delitos de malversación, prevaricación y delito societario.

Pablo Iglesias, que en su momento llegó a pedir públicamente que "todos los imputados con cargos públicos debían dimitir desde el momento en que se les abriera juicio oral", tiene una doble vara de medir cuando se trata de los de su partido y de los demás.

Pero el doble rasero va todavía un paso más allá. Francisco Granados, exhombre fuerte del equipo de Esperanza Aguirre Consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid acaba de ser puesto en libertad tras pasar dos años de prisión preventiva. Es decir, los ex dirigentes del PP ingresaron en prisión sin haberse celebrado ni siquiera juicio previo.

A pesar de ello, no se tuvo en cuenta la presunción de inocencia, y fueron linchados por todos los altavoces y estamentos de la izquierda política más radical. Sin embargo, nadie ha protestado públicamente, ni ha pedido resarcir a la Justicia "el irreparable daño personal" causado.

¿Qué pasaría si un Juez decreta prisión preventiva para un dirigente podemita? Tendríamos manifestaciones de protesta rodeando el Congreso de manera indefinida.

Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. La eterna doble vara de medir de la izquierda política y sus palmeros del circo mediático en nuestro país.

 

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