La ANC, en números rojos: debe 332.000 euros

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La Asamblea Nacional Catalana (ANC) acabó 2017 en números rojos. Así lo reconoce la propia organización independentista en un balance remitido a sus socios y al que El Mundo ha tenido acceso.

Según su propio informe económico, la entidad secesionista cerró el pasado año con un déficit de 332.000 euros, después del esfuerzo realizado para promocionar entre la población catalana el referéndum ilegal del 1-O.

En una misiva adjunta al balance de ganancias y pérdidas remitida a sus asociados, la ANC admite que «la intensidad en actos y campañas en un año clave en el proceso hacia la independencia de Cataluña ha hecho que los ingresos y gastos del ejercicio hayan estado fuera de lo corriente».

Y es que la organización que presidía Jordi Sànchez hasta convertirse en el número dos de Carles Puigdemont en Junts per Catalunya llegó a ingresar el pasado año 7,9 millones a través de la venta de mercadotecnia y de las cuotas de socios, que aumentaron un 15%. La entidad incrementó en un euro la aportación mínima de los asociados para mejorar su músculo financiero en el año del referéndum que derivó en la declaración unilateral de independencia y la posterior intervención de la Generalitat en aplicación del 155.

Sin embargo, esa cantidad no bastó a la organización para sufragar los muchos gastos en propaganda, contratación de personal o transporte de manifestantes a las innumerables concentraciones secesionistas que impulsó durante el pasado año. La ANC gastó un total de 8,3 millones, lo que alumbra el ya citado déficit de 332.000 euros «antes de impuestos y provisiones», con lo que la cifra todavía puede aumentar en un balance definitivo.

Entre los principales datos registrados en la documentación de la ANC constan 1,6 millones de euros para «transporte de personas» -es decir, para la contratación de autocares-, 768.000 euros en «publicidad y propaganda» o 2,1 millones de euros en «otros servicios», un genérico epígrafe en el que la entidad incluye, teóricamente, gastos corrientes relacionados con su actividad.

Estos datos económicos están siendo estudiados por la Guardia Civil, que en un reciente informe entregado al Tribunal Supremo cifró en 1,5 millones el gasto realizado por la ANC y Òmnium Cultural entre el 7 de septiembre y el 11 de octubre, en actividades directamente relacionadas con la votación ilegal y la declaración de independencia.


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