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¡Implican a Mas en el 3%!

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Uno de los principales donantes de Convergència i Unió (CiU) ha señalado al ex president Artur Mas ante el juez y la Fiscalía Anticorrupción en el sumario que investiga la trama del 3%. Este empresario, cuya identidad custodian en secreto los investigadores, ha relatado que mantuvo una reunión con Artur Mas y su mano derecha, Germá Gordó, en la sede del partido.

En dicho encuentro, Mas, entonces presidente de la formación, le remitió al empresario a Gordó que, según precisó este donante, era entonces gerente del partido.

Añadió que fue escueto y que lo hizo con las siguientes palabras: «Tienes que hacer lo que este te diga». El empresario ha explicado detalladamente que la conversación se produjo en un contexto en el que se estaba hablando de la realización de donaciones a cambio de contratos públicos.

Según indicó este empresario, dicha reunión tuvo lugar en el despacho de Mas en las dependencias de CiU antes de que éste fuera nombrado presidente de la Generalitat en 2010. A partir de aquella cita, y siempre según el relato de este empresario, no volvió a tener contacto en persona con Mas. No obstante, detalló que se encontró tiempo después con Germà Gordó en un acto en Tarragona, donde precisamente recibía un galardón por su trayectoria empresarial.

En ese momento Mas ya era presidente catalán y su hombre de confianza -que en el Ejecutivo de Mas ocupó primero el puesto de secretario de Gobierno y después de consejero de Justicia- le abordó en tono imperativo pese a lo festivo del evento y le espetó con malas formas: «Tú no me estás obedeciendo».

El testigo abundó en su declaración que la reprimenda estaba relacionada con que llevaba tiempo sin realizar donaciones de fondos a la formación política. Precisó asimismo que se sintió «extorsionado» por Gordó y que consideró su actitud como un «chantaje».

Junto a este gran donante ha prestado declaración, también en secreto, otro destacado empresario catalán que ha ratificado que Germà Gordó era el interlocutor de CiU con los empresarios para los asuntos vinculados con las donaciones a la formación política y la posterior obtención de contratos públicos. En esta misma línea ha aportado algún detalle más.

Según su testimonio, llegó a mantener una reunión en el Parlamento catalán «con un diputado que actuaba en representación de Gordó» y que le pidió que realizara una serie de entregas de dinero a la formación política. Este segundo empresario ha puesto en relación las entregas de donativos que realizaba al partido con la adjudicación de contratos públicos en Lérida.

«Me dijeron que si quería trabajar allí tenía que hacerlo de esa manera», añadió. Sin embargo, no hizo referencia en su declaración al ex president Mas.

Los investigadores están intentando acreditar en estos momentos por otras vías de prueba los detalles aportados por ambos testigos para certificar la veracidad de sus testimonios. En este sentido, han podido constatar que el acto empresarial en el que el donante aseguró haber sido coaccionado efectivamente se celebró y que contó con la asistencia tanto del empresario como del alto cargo de CiU.

Uno de los principales objetivos de la investigación judicial de la trama que exigía comisiones del 3% a cambio de adjudicaciones públicas pasa por depurar las responsabilidades penales de la cúpula del partido nacionalista en esta organización delictiva.

El hombre de confianza de Mas está considerado por la Fiscalía Anticorrupción como «el contacto de los contratistas con la Administración Pública catalana y con el partido», y así consta en la exposición razonada que el juez presentó el pasado 14 de diciembre ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que es el único que puede iniciar diligencias contra él, dado que es diputado del Parlamento catalán y, por tanto, aforado.

No obstante, el tribunal comunicó el 11 de enero que, «en el momento actual», no cabe actuar contra el parlamentario -hoy de Junts pel Sí- porque «la exposición razonada del juez no cumple debidamente con las exigencias requeridas para justificar su competencia» en el caso, dado que incurre «en ciertas inconcreciones e imprecisiones».

Tras esa decisión del TSJC se llevó a cabo la operación Pika, que ha aportado más datos y en cuyo ámbito varios empresarios imputados declararon ante el juez que utilizaban los alias o «nombres clave» de Gregorio o Gerardo para referirse a Gordó. En el transcurso de las declaraciones se les dejó bien claro que estaban siendo interrogados en el ámbito de la financiación irregular de Convergència y, por tanto, de las donaciones a cambio de adjudicaciones. El juez ha de decidir si con esos nuevos datos vuelve a presentar el caso ante el Tribunal Superior.

Gordó ha negado a este periódico haber cometido ilegalidad alguna y añade que ningún empresario le ha planteado nada ilegal porque, subraya, «lo hubiera denunciado».

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