La nueva Ley del Cupo consagra al País Vasco como receptor neto del Estado y le deja al margen de la solidaridad territorial, según coinciden miembros del comité de expertos para reformar la financiación autonómica y cálculos elaborados por Ciudadanos a partir de datos oficiales que ha publiado el diario El Mundo.
Según el último dato liquidado correspondiente a 2015, lo ingresado por el Estado en concepto del Cupo -la aportación del País Vasco por competencias del Estado como Defensa o política exterior- fue de 1.139,4 millones. Sin embargo, ese mismo año, el Estado efectuó un ingreso a favor de las haciendas vascas por valor de 1.421 millones en concepto de devolución de IVA, por lo que el saldo fue positivo en favor de Euskadi en unos 300 millones.
Recibió más dinero de lo que aportó pese a ser la segunda comunidad con mayor renta per cápita de España, según el Instituto Nacional de Estadística. Y esa situación no solo se mantiene, sino que aumenta con la nueva Ley del Cupo para el periodo 2017-2021, coinciden expertos y Ciudadanos.
Bajada de pantalones: el Gobierno pagará 1.400 millones de euros más al País Vasco https://t.co/Hpr6gqtqcJ #Cupo pic.twitter.com/Q47lfenupr
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En el texto remitido al Gobierno, se establece que la aportación bruta de Euskadi al Estado será de 1.304 millones, por debajo de los últimos años. No es fácil identificar a cuánto asciende la pérdida para la Administración central.
En la memoria de impacto económico remitida al Congreso por el Gobierno, el Ministerio de Hacienda describe de manera críptica los cálculos y se limita a señalar que tiene «un efecto neutral» porque sólo cabe hablar «en términos consolidados» y «los flujos financieros en su subsector [Estado] son simétricos a los de otro [País Vasco]». Es decir, como todo es el Estado, es indiferente precisar quién aporta a quién.
La nueva Ley, acordada por el Gobierno central y el vasco antes del verano y que este martes llega al Congreso -se vota el jueves-, ignora por completo las recomendaciones del comité de expertos creado por el Gobierno para reformar la financiación, que acordó el pasado julio solicitar a Cristóbal Montoro que recalculara el Cupo para «reducir las fuertes desigualdades existentes» y que «las comunidades forales deberían comenzar a contribuir a la nivelación interterritorial».
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