Las regulaciones masivas de empleo desbordan a Trabajo tan solo 10 días después de lanzar la mayor batería de medidas laborales de la democracia. Prohíbe desde hoy que las empresas ejecuten cualquier tipo de despido por el coronavirus que ha paralizado la economía.
Sólo 10 días han pasado desde que el Gobierno salió al paso de las consecuencias económicas de la alerta sanitaria con una batería de medidas cuyo núcleo era la facilidad para que las empresas suspendieran el empleo y un escudo de prestaciones que garantizara unos ingresos mínimos a los trabajadores.
Pero en este tiempo la realidad ha desbordado las previsiones. El Gobierno aprobó ayer una intervención histórica en el mercado laboral para tratar de taponar la descomunal ola de despidos y suspensiones de empleo que en tan solo 10 días ha traído la paralización de la economía por el coronavirus.
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Desde hoy, la pandemia y sus consecuencias no serán motivo para despedir a trabajadores de las empresas. Aquéllos que tengan contratos temporales verán extendido el plazo de extinción y, además, Trabajo revisará todas las demandas de regulación de empleo aprobadas en busca de fraudes que, en caso de encontrar, castigará con la devolución obligada de las cotizaciones y las prestaciones abonadas.
En el preámbulo al real decreto ley de medidas complementarias, el Gobierno asegura que busca «minimizar el riesgo de un impacto incontrolado e irreversible de la situación de emergencia extraordinaria que se sigue del estado de alerta sanitaria provocada por el COVID-19, tanto en la actividad económica como en el mantenimiento y salvaguarda del empleo».
Da la impresión de que la reacción de las empresas al decreto del pasado 17 de marzo en el que se facilitaba la ejecución de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) ha desbordado a la Administración. El número de personas que han podido pasar al paro (les haya dado de alta o no el Ministerio de Trabajo) ronda los dos millones en apenas ocho días.
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El tamaño del agujero creado por el coronavirus en un mercado laboral que ya desde hoy está intervenido por el Estado, se verá la próxima semana. Si el bloqueo a los despidos «garantiza» la protección de los trabajadores restablecimiento y recuperación de la actividad económica, como se justifica el decreto, está por ver.
Los empresarios lo descartaron ayer en una valoración que rompe la valiosa unidad entre Gobierno y agentes sociales demostrada desde el inicio de esta crisis. Impedirá «poner las bases de la necesaria recuperación económica de España y logrará un efecto contrario y producirá un mayor nivel de desempleo», indicaron CEOE y Cepyme. Los trabajadores autónomos tampoco han visto atendida su petición para que sus obligaciones de pago de cuota a la Seguridad Social correspondientes al mes de marzo fueran anuladas.
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El Gobierno, a través de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha recogido así la petición que le lanzaron públicamente el jueves los sindicatos UGT y CCOO, demandando más protección para los trabajadores afectados por las regulaciones masivas de empleo y para aquellos que habían quedado fuera de esquema.
Las consecuencias laborales por el decreto del estado de alarma y la paralización de la economía están desbordando el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) que trabaja al límite de sus capacidades para atender la avalancha de solicitudes de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs) lanzados por las empresas y los despidos de trabajadores.
Además, el SEPE había limitado ya esta semana en una instrucción interna los importes máximos que pueden percibir los trabajadores acogidos a ERTEs. Para garantizar que se pueda tramitar el mayor número de expedientes, desde hoy el límite máximo de las prestaciones será de 1.098 para todos los trabajadores, con independencia de su situación familiar. El mínimo, según el decreto aprobado ayer será de 428 euros y todas las aprobadas este mes se pagarán el 10 de abril. De manera ordinaria, las prestaciones tienen en cuenta si el perceptor tiene hijos y si es familia numerosa. Estas familias deberán reclamar sus complementos, que serán abonados con posterioridad.
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