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El Tribunal de Cuentas condena a Artur Mas a pagar 5,2 millones de euros por el 9N

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El Tribunal de Cuentas acaba de notificar a Artur Mas cuánto le reclama por el gasto de dinero público en la consulta ilegal del 9-N de 2014: 5.251.948,17 euros. Así se le ha comunicado a su representante en la vista que tiene lugar este lunes en la sede el Tribunal de Cuentas. La cantidad incluye las partidas gastadas en la consulta más los intereses generados desde entonces.

Como presidente de la Generalitat y máximo responsable de las cuentas públicas que gestionaba, el tribunal responsabiliza a Mas de todos los gastos presuntamente ilícitos en los que incurrieron un total de nueve subordinados, desde ex consejeros ya condenados por el 9-N (Francesc Homs, Irene Rigau y Joana Ortega) a responsables de menor nivel. El tribunal también les ha comunicado a ellos la cantidad que deberá depositar cada uno como fianza ante una eventual condena.

Todos los afectados tendrán unos días para depositar voluntariamente la cantidad. Si no lo hacen, el Tribunal de Cuentas procederá al embargo de sus bienes. Cada partida se exige de forma solidaria a dos o más de los investigados, lo que supone que la cifra se puede exigir a cualquiera de ellos. El sistema de reparto consiste en que a cada cargo se el exige aquello que acordó pagar, y esa misma cantidad también se exige a sus superiores. Por eso Mas aparece como responsable de los nueve apartados de gasto estudiados.

Después de Mas, la mayor fianza corresponde a Rigau por la adquisición de ordenadores portátiles: 3.044.399,09 euros, que supone la partida individual más elevada de todas las estudiadas. Le sigue Frances Homs, que responderá por un total de 2.127.580,09 euros correspondientes a cuatro gastos distintos. Le sigue la otra ex miembro del Govern, Joana Ortega, a la que por cinco partidas se le reclaman 839.439,75 euros.

Del total de 5,2 millones de fianza, la cantidad de 4.831.599,03 euros corresponde a los gastos efectivamente realizados y otros 420.349,14 a intereses.

Los seis cargos que acompañan a los ya condenados por el 9-N son Lluis Bertrán i Saura, Josefina Valls i Villa, Carolina Pardo Miguel, Jaume Domingo i Planas, lgnasi Genovés i Avellana y Jordi Vilajoana i Rovira. En la lista inicial de citados por el Tribunal de Cuentas también estaba Jordi Serra i Catalán, a quien finalmente no se le reclama nada.

En la vista de hoy sólo se fijaba la llamada liquidación provisional, es decir, la cifra que presuntamente habría gastado ilícitamente cada uno de los investigados. A todos se les reclama la fianza para asegurar que la cantidad sería devuelta a las arcas públicas en caso de condena. A partir de ahora tanto las asociaciones denunciantes como la Fiscalía pueden presentar una demanda, que pondría en marcha el procedimiento judicial y presumiblemente acabaría con condenas por responsabilidad contable.

Las nueve partidas de gasto estudiadas son, de mayor a menor: compra de ordenadores para las mesas de votación, campaña de publicidad institucional, soporte informático, envío de información electoral, preparación del centro de prensa para informar de los resultados, fabricación y traslado de material para ser usado en las mesas, nuevo contrato de publicidad, ampliación del contrato de seguro para los voluntarios y registro de una página web.

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