El TC declara nula la 'amnistía fiscal' de 2012, pero no sancionará al Gobierno

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El Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado por unanimidad declarar inconstitucional la amnistía fiscal acordada por el Partido Popular en 2012. Los magistrados estiman un recurso interpuesto por el Grupo Socialista del Congreso al considerar que se vulneró el art. 86.1 de la Constitución, que prohíbe el uso de la vía urgente del decreto-ley cuando las medidas aprobadas afecten "de forma relevante o sustancial" a los deberes consagrados en el Título I de la Constitución, que incluye el "deber constitucional de todos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos".

El propio TC limita el alcance de su decisión, puesto que acuerda que en aras de la seguridad jurídica la nulidad de la norma no afectará a las regularizaciones tributarias firmes que aprovecharon la amnistía. Esto supone que, en la práctica, los ingresos que el Estado obtuvo a través de la amnistía están salvaguardados y que, del mismo modo, no se producirá ninguna revisión sobre los contribuyentes que se acogieron.

El Constitucional no dice nada sobre los procesos que todavía siguen abiertos y que, según esta sentencia, podría ser declarados nulos. Sin embargo, fuentes de Hacienda son claras al asegurar que, a su entender, la sentencia del TC no cambia nada: ni procesos pasados, presentes ni futuros en caso de que los hubiera. Pero, en todo caso, esta declaración de inconstitucionalidad se suma a las muchas críticas que ha recibido esta regularización extraordinaria que el PP decretó pocos meses después de que Mariano Rajoy ganase las elecciones. Una de de las más notables es la que, tal y como ha denunciado Ciudadanos y PSOE en más de una ocasión, la regularización se hizo a un tipo efectivo medio del 3% en lugar del 10% que se anunció.

De vuelta la sentencia, y según informa el TC, para determinar si el Gobierno traspasó los límites establecidos para el uso del decreto-ley -una vía que facilita la aprobación rápida de normas eludiendo en un primer momento controles de las Cortes-, se ha valorado si la medida recurrida afectó de forma sustancial al deber general de todos los ciudadanos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su riqueza y mediante un sistema tributario justo. El análisis se ha realizado mediante el examen de la naturaleza de los tributos afectados, de los elementos del tributo que resultaron alterados y, finalmente, mediante el examen del alcance de la regulación aprobada.

El Pleno concluye que la medida impugnada ha tenido tres "importantes efectos". El primer lugar, permitió la regularización de las rentas previamente ocultadas "a un tipo reducido" (10%). Además, eximió a los contribuyentes que se acogieron a la regularización de "la imposición de intereses de demora, de recargos por ingresos extemporáneos y de sanciones, administrativas o penales, por el incumplimiento de los deberes formales y materiales derivados del nacimiento de la obligación tributaria". Y por último, convirtió las cantidades por las que se tributó en la regulación "en renta declarada a todos los efectos".

Crítica a las facilidades otorgadas a los amnistiados

Asimismo, los magistrados critican incluso los argumentos incluidos en la Exposición de Motivos que acompañó a la aprobación de la norma y que equiparaba la amnistía a los casos de contribuyentes que voluntariamente regularizan ante Hacienda antes de que esta les inspeccione, y que en esos casos no son perseguidos penalmente. A juicio del TC, la adopción de medidas que, "en lugar de servir a la lucha contra el fraude fiscal, se aprovechan del mismo so pretexto de la obtención de unos ingresos que se consideran imprescindibles ante un escenario de grave crisis económica, supone la abdicación del Estado ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos de concurrir al sostenimiento de los gastos públicos (art. 31.1 CE)".

De esta forma, añade, se legitima "como una opción válida la conducta de quienes, de forma insolidaria, incumplieron su deber de tributar de acuerdo con su capacidad económica, colocándolos finalmente en una situación más favorable que la de aquellos que cumplieron voluntariamente y en plazo su obligación de contribuir". Y concluye afirmando que "el objetivo de conseguir una recaudación que se considera imprescindible no puede ser, por sí solo, causa suficiente que legitime la quiebra del objetivo de justicia al que debe tender, en todo caso, el sistema tributario, en general, y las concretas medidas que lo integran, en particular".

 


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