El Gobierno de Pedro Sánchez gasta 339.411 euros en poner piscinas en las cárceles

 piscina carcel

El Gobierno gastará 339.411 euros en la puesta a punto y apertura de 25 piscinas de cárceles para el disfrute de los internos entre hoy y el próximo 15 de septiembre, según ha informado a Confilegal Francisco Llamazares, presidente de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP).

Así se lo trasladó la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIIPP) el pasado 30 de julio, a petición del sindicato el 26 de julio al Portal Transparencia.

“Son casi 56 millones y medio de las antiguas pesetas”, subraya Llamazares, que está que trina “con este Gobierno y con el anterior, que también desembolsó 175 millones en la privatización de la seguridad exterior de las cárceles con la excusa de la colocación de los escoltas que dejaban de trabajar en el País Vasco” cuando, sin embargo, “lo incumplió”. Pero no se atiende a las reivindicaciones de los sindicatos de escasez de personal.

¿Y qué aporta la privatización de la gestión de la seguridad exterior? Juan Fernández, portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), manifiesta que “supone que vigilantes, guardias civiles y policías están desempeñando los mismos cometidos de modo duplicado”.

En los presidios dependientes de la SGIIPP hay más de 59.400 presos y, según informa Llamazares, trabajan 21.000 funcionarios y unos 1.600 laborales (cocineros, electricistas, celadores, fontaneros…).

Otros 8.400 reclusos cumplen condena en Cataluña, la única comunidad que tiene transferidas las competencias en materia penitenciaria, y cuyos funcionarios de prisiones “cobran unos 400 euros más de media que los del resto de España”.

Los sindicatos denuncian escasez de personal y plantillas envejecidas, además de agresiones a manos de los internos.

Asimismo, señala que la apertura de estas piscinas, además del gasto que conlleva, requiere destinar a funcionarios en la vigilancia y custodia de la misma durante el tiempo que se encuentre abierta, cuando en estos momentos “los servicios se están cubriendo bajo mínimos, y los centros no pueden perder o destinar funcionarios a la vigilancia y control de los internos y a su vez a la piscina, con lo que esto supone para la seguridad y convivencia ordenada de los centros”.

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En la actualidad hay 69 centros penitenciarios, 3 unidades de madres y 2 psiquiátricos, y no todos ellos disponen de piscina, sino los construidos a partir de 2012. En total, la tienen unas 30 cárceles.

Y en algunas la piscina es climatizada, como en las prisiones de Málaga II, Murcia II, Sevilla II, y Aláva (País Vasco).

Llamazares recuerda que el anterior Gobierno, dirigido por Mariano Rajoy, ordenó en 2012 cerrar las piscinas de todas las cárceles, al considerarlo “un gasto importante e innecesario”.

Cuenta que el pasado junio, el nuevo secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luís Ortiz, encargó a los directores de los centros que disponen de piscina que redactaran un informe sobre el estado y situación de las mismas.

El presidente de la APFP informa de que no todas las piscinas van a estar en funcionamiento a partir de hoy, sino que algunas debido al tiempo que se han mantenido cerradas, solamente se podrá hacer una puesta a punto y no llegarán a abrirse esta temporada, quedarán preparadas para el próximo verano.

Cuenta que durante estos 6 años sin funcionamiento, en la mayoría de las cárceles se han deteriorado las piscinas o se han estropeado las instalaciones, comenzando por las depuradoras, que se han oxidado o se encuentran en mal estado. Además, tienen sin actualizar los correspondientes permisos oficiales o las concesiones de agua.

Destaca que a estos gastos hay que añadirles también el coste de los cursillos de socorristas para los internos que se encargarán de esas funciones.


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