La Comisión delegada para Asuntos Económicos, presidida por Mariano Rajoy, ha acordado impedir la tramitación de expedientes de gastos por parte de la Generalitat de Cataluña dirigidos a financiar el referéndum anunciado por Carles Puigdemont para el 1 de octubre.
El Tribunal Constitucional declaró contrarias a la Carta Magna las partidas incluidas en los Presupuestos de Cataluña previstas para pagar los gastos de la consulta secesionista.
Sin embargo, a la vista de que las autoridades del Govern insisten en sus pretensiones de seguir adelante con el procés, el Ejecutivo ha decidido imponer a la Generalitat una serie de requisitos que pasan por exigir una certificación semanal de gastos e ingresos a todos los interventores de las consejerías, responsables económicos financieros de las entidadades en las que no existan interventores delegados así como al director general de Presupuestos y al de Política Financiera.
El Ministerio de Hacienda verificará los certificados. Si no se cumple con este envío las personas detalladas en el acuerdo incurrirían en responsabilidad. Si se detectaran gastos que vulneran lo declarado por el TC se paralizará en la cuantía oportuna las entregas de dinero a la comunidad catalana procedentes del Fondo de Liquidez Autonómica.
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— La Moncloa (@desdelamoncloa) 21 de julio de 2017
En el mencionado caso será el Gobierno de Puigdemont quien tenga que explicar a los catalanes porqué se restringe la llegada de dinero que garantiza la prestación de servicios básicos.
El ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, ha recalcado en este sentido que se trata de una "medida preventiva" para evitar que el dinero público se dirija a un fin distinto de aquel para el que lo necesitan los ciudadanos, que son los servicios públicos y no sufragar una consulta ilegal.
El Fondo de Liquidez Autonómica reserva este año para Cataluña un total de 3.600 millones de euros.