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Jue04252019

Última actualizaciónJue, 25 Abr 2019 5pm

España | Economía

El fundador de Intervida denuncia al juez Baltasar Garzón por una estafa millonaria

baltasar-garzon

Cinco años después de que el juez Pablo Ruz diera carpetazo a la causa abierta contra Intervida al no apreciar delito alguno, el fundador de la ONG, en su día la tercera mayor de España, acusa al ex juez Baltasar Garzón de una posible estafa millonaria.

Rafael Puertas, fundador de Intervida -ahora Educo-, ha acusado públicamente a Garzón de haber realizado presuntamente una estafa millonaria, junto a Montserrat Tura, ex consejera de la Generalitat de Cataluña, también citada en la denuncia.

En rueda de prensa, Puertas ha asegurado que Garzón también habría cometido un supuesto delito de "apropiación indebida". 

Puertas siempre ha mantenido su inocencia en este caso, ya archivado, llegó a atribuir la investigación judicial iniciada en 2007 "campaña" orquestada por los intereses políticos de la Generalitat.

El origen de este no caso de corrupción se remonta a 2003 tras dos denuncias de Sebastián Juan, directivo de Intervida despedido por apropiarse de 300.000 dólares a la ONG en Perú. Sebastián Juan salió huyendo del país pese a la orden judicial. Las autoridades de Perú no encontraron ningún delito y archivó la causa, pero fue reabierta por la fiscal Carmen Martín, quien sí vio indicios de presuntos delitos.

Según la fiscal, los responsables de la ONG destinaban el dinero de los apadrinamientos a constructoras, bancos, farmacéuticas y colegios de élite. En muy poco espacio de tiempo, 100.000 padrinos se dieron de baja de la ONG, la mayor privada de toda España.

No obstante, la ONG actuaba como si fuera una empresa. Para evitar fraudes y conocer el destino real del dinero, se creaban distintas empresas, como constructoras –para vivienda social-, bancos –para microcréditos– y colegios para los más desfavorecidos, y no como decía la acusación que iban a construir viviendas de lujo, colegios de élite y farmacias para personas pudientes.

El esquema de la ONG era pionero, y de hecho se ganó despectivamente el sobrenombre de la ONG de los empresarios. Y es que, los proyectos que salieron a la luz por el juez Pablo Ruz apuntaban a viviendas en uno de los barrios más marginales de Perú, el Rímac, por lo que nadie construiría allí viviendas de lujo, como afirmaban previamente las acusaciones. Todas las empresas, según las autoridades y testigos, tenían el fin social para el que fueron constituidas.

Montserrat Tura cambió a la cúpula de Intervida por políticos y sindicalistas

Pero ya era tarde. Desde 2007, la consejera de Justicia de Cataluña, Montserrat Tura, ya había desmantelado la cúpula de Intervida. Eligió a Ángel Miret (UGT), Maurici Romero (Intervención General de la Generalitat) y Didac Ramírez (rector de la Universidad de Barcelona), que fue sustituido por Alex Masllorens (diputado del PSC).

Todos ellos contaban con el aval de Garzón para cortar la financiación de proyectos en Perú, Bolivia y Guatemala, pero continuaron cobrando las cuotas a los padrinos. En concreto, más de 100 millones de euros en cuentas bancarias.

 

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