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Jue06202019

Última actualizaciónMié, 19 Jun 2019 7pm

España | Economía

El Estado destina 1.000 millones públicos en pagar a 20.000 asesores elegidos a dedo

congreso

Una asesora de la concejalía de Ciclo de Vida, Feminismos y Lesbianas, Gays, Bisexuales y personas Transgénero (LGBT) con un sueldo de 50.790 euros brutos al año en el Ayuntamiento de Barcelona; un asesor gráfico con un coste de 54.098 euros para el Gobierno de Aragón; dos asesores, a razón de 37.753 euros al año cada uno, en la secretaría general de la consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura; un asesor técnico de Familia, Servicios Sociales y Participación Ciudadana al que el Ayuntamiento de Madrid paga 61.502 euros; un asesor político, sin más especificaciones, en el Consistorio de Ourense que se embolsa 32.124 euros; un asesor en materia de comunicación y otro asesor Parlamentario, ambos con un sueldo de 86.816 euros, en el gabinete del secretario de Estado de Presupuestos y Gasto; o un asesor de comunicación a la Presidencia del Gobierno de Cantabria para el que se destinan 59.652 euros del presupuesto anual.

Y así, se podría seguir hasta una cifra indeterminada de asesores que están contratados por las diferentes administraciones y cuyo coste, por lo tanto, tampoco se conoce con exactitud. Sin embargo, sí que existen estimaciones como la que realiza la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que calcula que la cifra ronda los 20.000 y que el sueldo medio podría estar sobre los 50.000 euros brutos al año. Esto supone que, anualmente, el conjunto del Estado destina hasta 1.000 millones de euros de dinero público para pagar a un conjunto asesores que, en su mayor parte, son elegidos a dedo y a los que no se tiene, ni mucho menos, totalmente identificados.

"Averiguar con exactitud cuánto se gasta el Estado en asesores es un trabajo casi imposible de abordar porque dependen de varios presupuestos: Estatal, autonómicos, de Ayuntamientos, Diputaciones... Además, las retribuciones suelen estar camufladas en diferentes conceptos presupuestarios", explican desde CSIF.

El acceso a esta información, además, no resulta sencillo en la mayor parte de los casos. Algunas Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, como los citados al inicio, sí que ofrecen una relación de puestos y sueldos clara y ordenada. Pero otros muchos no lo hacen ya que, a pesar de estar obligados a publicar esta información en sus respectivos portales de transparencia, evitan su difusión u ocultan los asesores bajo cargos que son dificilmente identificables.

CCAA, Ayuntamientos, Diputaciones...

En la Administración central, en cambio, sí existe algo más de claridad y el número de asesores está limitado por Ley. Según los datos que se ofrecen en el Portal de Transparencia, el conjunto de asesores en Presidencia y los diferentes ministerios superaba levemente el centenar de personas en 2013, que es cuando se produjo la última actualización de datos. Es una cifra muy pequeña si se compara con los hasta 20.000 que hay en todo el país, por lo que resulta evidente que la mayor parte de estos expertos, colaboradores, ayudantes y demás nombres bajo los que están ocultos los asesores se encuentran en las Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, Diputaciones y otros entes públicos de menor tamaño.

A cambio, en los ministerios cuentan con los puestos de libre designación de mayor remuneración. Además de los ya mencionados asesores del gabinete del secretario de Estado de Presupuestos y Gasto, que superan el sueldo del presidente del Gobierno -cobró 80.992 euros en 2015-, hay otros muchos que se acercan a esa cifra. Por ejemplo, el asesor de la Oficina Económica de Presidencia se embolsa 79.039 euros, mientras que el asesor parlamentario del gabinete del secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda llega a los 76.498 euros y el asesor en materia competencia del secretario de Estado de Medio Ambiente gana 74.580 euros.

Ahora, con la renovación del Gobierno, muchos de ellos dejarán sus puestos y se producirá una modificación parcial de las plantillas de asesores que irá aparejada a los cambio de ministros y secretarios de Estado, que son en muchos casos quienes los eligen. Este proceso, sin embargo, no será tan complejo como el que han llevado a cabo las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos que han cambiado de signo político. Cada vez que esto ocurre, los nuevos dirigentes prescinden de los anteriores asesores y nombran a sus propios cargos, al tiempo que crean figuras que hasta ese momento no existían con el fin de dar cabida a un mayor número de personal de su confianza.

 

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