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Economía

Artur Mas le dice al juez que 'no sabía que el 9-N era ilegal' para que no le embargue

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El Tribunal de Cuentas juzgará a partir de este miércoles al 'expresident' de la Generalitat Artur Mas y otros miembros de su Govern por los gastos que generó a las arcas públicas la consulta del 9 de noviembre del 2014 sobre la autodeterminación de Cataluña. El juicio servirá par dilucidar si incurrieron en algún tipo de responsabilidad contable por el empleo de aquellos fondos.

Se sentarán en el banquillo Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega, el exconsejero de Presidencia Francesc Homs y la exconsejera de Enseñanza Irene Rigau. Todos fueron ya enjuiciados por la organización del 9-N, si bien Homs es el único que ha cumplido la condena, dictada por el Supremo dada su condición de aforado, mientras que el resto están pendientes de que esta sea firme.

Junto a ellos, serán juzgados por su responsabilidad contable en la financiación de aquella consulta el ex asesor del presidente Mas Jordi Vilalloana, el ex director general de Difusión de la Generalitat y actual responsable de Medios, Ignasi Genovés; la ex directora de Servicios de Gobernación Josefina Valls, el subdirector de Servicios de Gobernación, Lluis Bertrán, el director del DOGC, Jaume Domingo y la directora de Servicios de Presidencia, Teresa Prohías.

Cinco millones de fianza

El juicio tendrá lugar un año después de que el Tribunal de Cuentas impusiese una fianza total de 5,251 millones de euros para garantizar que se reintegre a las arcas públicas el dinero gastado en aquella consulta declarada ilegal, unos fondos que debían pagar de forma subsidiaria los investigados y que, como no se abonó en tiempo y forma, fue confiscada en embargos de bienes inmuebles a los afectados.

El Tribunal de Cuentas dividió el coste que considera que supuso la celebración del 9-N en varios bloques para calcular esta cantidad y concluyó que Artur Mas figuraba en todos ellos: Registro de página web institucional, fabricación de material para ser empleado en la votación y transporte del mismo, adquisición de ordenadores, campaña publicitaria y envío de información, entre otros.

Esta instancia se encarga de la jurisdicción contable, es decir, las cuentas que deban rendir quienes recauden, intervengan, administren, custodien, manejen o utilicen bienes, caudales o efectos públicos. Su ámbito de actuación es compatible con la actuación de la jurisdicción penal y si los hechos acabaran siendo constitutivos de delito, sería el Tribunal de Cuentas quien fijase la responsabilidad civil por los mismos.

"No era consciente de cometer ninguna ilegalidad"

A su entrada en el Tribunal Supremo, el expresident catalán ha afirmado que. "Estos órganos nunca fueron operativos, por tanto no tuvo ningún recorrido, yo no era en absoluto consciente de cometer ninguna ilegalidad en aquel momento", preguntado por la puesta en marcha de estructuras de cara a realizar la consulta.

Mas ha negado haber desobedecido al Tribunal Constitucional, que ya entonces había prohibido expresamente la consulta: "Nos guiábamos por unas mayorías parlamentarias que se habían obtenido con el derecho a decidir del pueblo catalán, unas mayorias sólidas en el Parlament que nos obligaban a imaginar caminos para consultar a la gente sobre el futuro político de Cataluña", ha dicho, añadiendo que "lo esencial era consultar al pueblo catalán, a la ciudadanía" y defendiendo que los ordenadores utilizados estaban inicialmente destinados a la enseñanza en Cataluña, para lo que se siguen utilizando en la actualidad.

Por el momento, las respuestas de Mas han ido dirigidas a descargar a la administración catalana de responsabilidad en la organización de la consulta después de la prohibición del Consdtitucional: "Hubo una crisis política", ha reconocido, tras esta prohibición, que se "pudo superar a base de imaginación y propuestas nuevas". Al final, ha reconocido, "descargamos a la administración de la responsabilidad de la organización", siendo la solución "invitar a miles de voluntarios en Cataluña que creían en ese proyecto a responsabilizarse de la organización, por eso se le cambió el nombre: de consulta pasó a proceso participativo", ha dicho.

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