El Tribunal de Cuentas condena a Artur Mas y a otros acusados del 9-N a devolver los 4,9 millones de euros gastados en la consulta ilegal celebrada en Cataluña en 2014.
El Tribunal encargado de supervisar el gasto de fondos públicos ha establecido también la responsabilidad patrimonial de la ex vicepresidenta Joana Ortega y de los ex consellers Irene Rigau y Francesc Homs, entre otros cargos.
En la sentencia, de 90 páginas, el Tribunal de Cuentas concluye que "el acusado señor Mas en cuanto que presidente de la Generalitat, no sólo no efectuó anuncio alguno de suspensión del proceso participativo previsto para el 9 de noviembre, sino que conjuntamente con las acusadas señoras Ortega y Rigau" actuaron "conscientes de que con ello se contravenía lo dispuesto por el Tribunal Constitucional" en contra de la consulta.
Considera máximo responsable a Mas, porque "todos los gastos que aquí se enjuician se llevaron a cabo para dar cumplimiento a las decisiones del presidente de la Generalitat, quien, pudiendo hacerlo, no adoptó medida alguna para evitar que esos gastos se realizaran".
A Mas, como responsable último de la consulta desde su cargo de presidente de la Generalitat, se le podrá reclamar el total de la cantidad gastada: 4.946.788,16 euros. Al resto se le podrá reclamar la parte de esa cantidad de la que eran responsables conforme a sus cargos.
El ex presidente de la Generalitat ya tiene embargados, entre otros bienes, propiedades inmobiliarias preventivamente, porque la colecta entre los independentistas no fue suficiente.
El siguiente condenado es su ex conseller de Presidencia, Francesc Homs, que deberá devolver 1,9 millones. De éste dice la sentencia que la consulta fue posible "por la pertinaz actuación del acusado, que impulsó todo aquello que resultaba necesario para su ejecución y, paralelamente, omitió las actuaciones que le eran exigibles y que, de haberlas adoptado, habrían permitido dar cumplimiento a lo proveído por el Tribunal Constitucional".
El Tribunal de Cuentas ha estimado la demanda presentada por la Fiscalía, Sociedad Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución. Los magistrados han estimado que la Abogacía del Estado no estaba legitimada para reclamar la devolución de los fondos ya que estos correspondían a la Generalitat y no a la Administración central. En esta causa la Generalitat desistió de reclamar cantidad alguna.
Tras consignar 2,9 millones de euros en efectivo, Mas y los ex consellers Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau y el ex secretario general de Presidencia Jordi Vilajoana depositaron el 23 de noviembre del año pasado varios inmuebles como garantía para cubrir la fianza.
