El absentismo se dispara: 1,4 millones de personas no van nunca a trabajar

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La negociación que está manteniendo el Gobierno con los representantes de las mutas colaboradoras de la Seguridad Social para ajustar un nuevo marco de actuación para las bajas laborales, principalmente las de carácter traumatológico, avanza hacia un modelo en el que las entidades que prestan este servicio de recaudación de cotizaciones y pago de prestaciones de forma paralela a la Administración -y bajo su tutela- aumenten su carga de responsabilidad y gestión en los procesos de incapacidad temporal de los trabajadores.

Concretamente, lo que la Seguridad Social plantea es que estas mutuas no sólo hagan las veces cobrador de cuotas y pago de prestaciones, sino que también tengan un papel activo desde el momento en el que un trabajador causa una baja, principalmente de carácter traumatológico al ser sobre las que estas compañías cuentan con más experiencia de tratamiento y sobre los que se proyecta un mayor ahorro para las arcas públicas en términos de reducción de plazos de recuperación -y por tanto del tiempo de pago de la prestación por incapacidad temporal-. Según las cifras que maneja la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT) en 2023 se produjeron más de 8,2 millones de bajas laborales, disparando el coste total del absentismo hasta los 142.000 millones de euros. Según advierte la asociación, esta cifra equivale a que en 2023 un total de 1.455.302 empleados no acudió ningún día a su puesto de trabajo.

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Como publicó este medio en exclusiva hace escasos días, el Gobierno ya ha entregado a los servicios sanitarios de las comunidades autónomas y a los representantes de las mutuas, así como a patronal y sindicatos un primer borrador sobre el nuevo procedimiento de actuación de carácter general que deberá ser desarrollado un nuevo convenio que afectará a todos los procesos de bajas traumatológicas que hasta ahora asume en su mayor parte la Seguridad Social. Siendo en este punto dos aspectos los que determinan la labor, menos efectiva del servicio público: por un lado el incremento de procesos que se ha producido en los últimos años y en mayor medida tras el impacto de la pandemia por un lado que lastra la capacidad de abordar cada caso específico postergando la ejecución de altas, a lo que también suma la falta de recursos humanos en el sector sanitario que afecta directamente a plazos de diagnosis y realización de pruebas y tratamientos posteriores con el consecuente impacto.

El alta definitiva, en liza

El punto de conflicto está en la gestión del alta definitiva del trabajador. La Seguridad Social admite en la exposición de motivos de nuevo procedimiento que está siendo negociado que el objeto de la modificación pretendida va dirigido a aliviar una carga creciente para el sistema que también gestiona las pensiones de los 9,1 millones de beneficiarios y que ya consume unos 190.000 millones de euros del presupuesto. Sin embargo, aunque el coste en incapacidad temporal, de casi 14.000 millones de euros en el pasado ejercicio, está a una distancia sideral de la partida anteriormente indicada, el crecimiento exponencial del gasto para las arcas públicas experimentado desde 2020 ha hecho saltar las alarmas.

De entrada, cabe recordar que la suma de todos estos importes provocados por el absentismo y sus derivadas es unos 25.000 millones superior al de hace un año, lo que preocupa no sólo a empresarios, sino también entre los propios gestores de la Seguridad Social. Sin embargo, un aspecto crucial a la hora de abordar una senda de reducción de gasto está en el hecho de la duración de las bajas.

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Autor: ABC

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