Un preso comunista cotizará por el tiempo que estuvo en prisión durante el franquismo

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Era el 11 de octubre de 1975, cuarenta días antes de la muerte de Franco. Ángel González García, miembro del Partido Comunista de España (marxista-leninista), fue detenido en el paso fronterizo de Portbou cuando regresaba en tren de una reunión del partido, clandestino e ilegal, celebrada en Lyon.

Tenía 21 años y sólo dos años antes había escapado de Valencia y abandonado sus estudios de Arquitectura en la Politècnica al sospechar que podía ser identificado como miembro del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP). El peligro se cernía. Y se consumó.

Tras su detención en el Talgo, fue torturado durante once días en las dependencias de la antigua Brigada Político-Social en Barcelona: desde agresiones físicas hasta simulacros de paseíllo. Después, el 22 de octubre de 1975, fue conducido a la Cárcel Modelo de Barcelona, donde permaneció encerrado dos años en régimen de prisión provisional sin fianza y sin ser sometido a juicio. El 19 de octubre de 1977, a los dos días de entrar en vigor la Ley de Amnistía, fue puesto en libertad.

Han pasado casi cuarenta años. Pero ahora, aquella lucha política antifranquista le ha sido reconocida a efectos laborales. La dirección en Valencia del Instituto Nacional de la Seguridad Social le ha reconocido esos 729 días entre rejas como tiempo de cotización válido a los efectos de prestaciones para la jubilación, según consta en el certificado expedido por el organismo con fecha de 27 de septiembre.

El organismo público se acoge a la Ley de Amnistía de 1977 y a una norma de 1984, desconocida para muchos afectados en circunstancias similares.

Ángel González, afincado ahora en l'Eliana, considera que es «un reconocimiento mínimo e implícito» del Estado español a todo cuanto sufrió como víctima del franquismo. Él está a punto de cumplir 63 años y es probable que adelante la jubilación al conocer que tiene dos años más cotizados de los que hasta ahora creía.

Sin embargo, ha dado un paso más allá del estrictamente laboral. Ángel González García presentará mañana en el consulado de Argentina en Valencia una denuncia para que sea incorporada a la causa instruida por la juez argentina María Servini sobre los crímenes del franquismo. Quiere que se investigue todo aquello que incorpora a la denuncia. 

La Ley de Amnistía lo sacó de allí. Pero el olvido le es insoportable: «Hay 130.000 personas desaparecidas o en fosas comunes y miles de fusilados y torturados. Es inadmisible que no se repare la memoria de todos ellos».

 


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