La Justicia imputa a Mónica Oltra por encubrir los abusos sexuales de su marido a una niña

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha imputado a la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat, la comunista Mónica Oltra, por la gestión del caso de abusos sexuales a una menor tutelada y la ha citado a declarar el próximo 6 de julio.

En un auto notificado este jueves a las partes, el Tribunal sostiene que "con el fin de agotar la instrucción resulta imprescindible citar en calidad de investigada" a la vicepresidenta, ya la exposición razonada elaborada por el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia relata "una serie de indicios plurales que en su conjunto hacen sospechar la posible existencia de un concierto entre la señora Oltra y diversos funcionarios a su cargo, con la finalidad, o bien de proteger a su entonces pareja (...) o bien proteger la carrera política de la aforada".

El TSJCV entiende por tanto que resulta procedente incoar diligencias previas, de las que será instructor el ponente de esta resolución, el magistrado Antonio Ferrer, "con el fin de investigar hasta qué punto esa sospecha inicial tiene la entidad suficiente como para permitir que el proceso pueda continuar su curso ordinario".

La Sala asume la causa en su integridad, es decir, también en lo relativo a los otros 13 investigados, entre los que figuran altos cargos de la Conselleria y trabajadores del centro de menores donde ocurrieron los hechos, al considerar que existe en este momento en todos ellos "una conexidad inescindible".

El magistrado ponente, Antonio Ferrer, recuerda que Sala vio esta causa hace un año tras una querella de Gobierna-Te, la asociación que preside la ex líder de Vox Cristina Seguí, y que viendo hechos "claramente sospechosos", la desestimó para que fueran investigados en un juzgado de instrucción. En este auto, considera que "las sospechas a que allí aludíamos se hayan concretado suficientemente".

La posición del TSJ sigue la misma línea de la expuesta por el juez Vicente Ríos y la fiscal superior, Teresa Gisbert y apunta al beneficio que obtuvo Oltra de los "trámites y expedientes" realizados por su Conselleria. "Considerados en abstracto y de una forma aislada no puedan entenderse ilegales e incluso irregulares, pero si los valoramos en su conjunto poniéndolos en relación con su contenido y su oportunidad, ya nos hace pensar que han sido elaborados con un propósito muy concreto, completamente alejados de la finalidad para los que fueron concebidos, al estar según nos relata el instructor, todos ellos vinculados de una manera directa a un propósito muy preciso, ya de una muy dudosa legalidad, cual es beneficiar la situación procesal del marido de la señora Oltra, o bien sencillamente tratar de proteger la carrera política de esta, aun cuando ello se hiciera en perjuicio de una menor tutelada por la Conselleria de Igualdad", explica de manera contundente el auto.

La Sala justifica que, aunque "no existe prueba directa que vincule esos singulares trámites con la aforada", existen "indicios plurales", "modalidad de prueba perfectamente admisible para desvirtuar la presunción de inocencia de una persona" según el Supremo y el Constitucional. Entre estos indicios encuentran los magistrados las propias declaraciones de la vicepresidenta, en sede parlamentaria y ante los medios de comunicación, sobre quién ordenó el expediente informativo, que los magistrados advierten que debe ser "un elemento a considerar" pese a que se haya desdicho de ellas.

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Es más, consideran "ciertamente increíble" que alguno de los investigados se enteraran de los abusos por la prensa, cuando la propia Oltra, "por un afán de trasparencia al inicio de su mandato" comunicó en la Conselleria su relación con Luis Eduardo Ramírez y su trabajo como educador. Eso lleva al magistrado a "sospechar igualmente" que Oltra no conociera estos hechos "desde el principio", "alguno de sus subordinados, bien por sencillamente comentárselo su marido, con quien no olvidemos en esos momentos convivía". Se trata de la primera afirmación en toda la causa que apunta directamente a que la vicepresidenta conocía la denuncia contra su ex marido desde febrero de 2017, fecha en que la menor la relató por primera vez.

La investigación de la actuación de la Conselleria de Igualdad y de la propia Oltra se inició por dos vías que acabaron confluyendo en el juzgado de Instrucción 15 de Valencia y ahora en el TSJ.

En mayo de 2021, la niña, ya mayor de edad y representada por el abogado y líder del partido socialpatriota España 2000, José Luis Roberto- presentó una denuncia por presunto delito de abandono y omisión del deber de guardia y custodia ante el Juzgado de Instrucción 15 de Valencia contra la directora territorial de la Conselleria de Igualdad, la directora del centro de acogida, la psicóloga de la sección del menor y la funcionaria que instruyó el expediente informativo que concluyó que le relato de la niña no era creíble. En ese momento, la sentencia que condenó al ex marido de la vicepresidenta a cinco años de prisión estaba recurrida ante el TSJ y tanto la Fiscalía como el juez optaron por el sobreseimiento provisional en octubre de 2021.

En paralelo, la Asociación Gobierna-Te, presidida por la ex dirigente de VOX Cristina Seguí, presentó una querella contra Oltra y otros ocho funcionarios en el TSJ por los presuntos delitos de encubrimiento y obstrucción a la justicia, prevaricación y malversación de fondos públicos. En esa querella aseguraba que la conselleria trató de encubrir al educador al tratarse del ex marido de la vicepresidenta.

La Sala Civil y Penal, conformada entonces por dos magistrados que han vuelto a ver la causa, el ponente Antonio Ferrer y ex fiscal Anticorrupción Vicente Torres, desestimó la querella que en junio de 2021 porque en ese momento "no se aportaba ningún indicio objetivo" de que Oltra "pudiera haber dado orden a cualquiera de los restantes querellados" de llevar a cabo actuaciones "tendentes a proteger a Luis Ramírez Icardi". Sin embargo, consideraba "plenamente justificado el inicio de una investigación penal" y no negaban que los hechos se presentaban como "claramente sospechosos", pero puntualizaban que debía ser el juzgado el que los analizara y expusiera "concretos elementos" sobre la responsabilidad de la vicepresidenta.

En paralelo, la defensa de la menor había recurrido el sobreseimiento ante la Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia, que en diciembre ordenó a Instrucción 15 reabrir la investigación con un auto demoledor en el que recogía que las cuatro funcionarias que tuvieron conocimiento de los abusos en 2017 omitieron su deber de denunciar y su deber de custodia y "en lugar de ello, victimizaron a la niña, desacreditándola" y realizaron "una especie de investigación parajudicial de la que no informaron a la Fiscalía de Menores con el único propósito de desactivar la denuncia", detallaba la Audiencia.

Las dos causas confluyeron entonces en la investigación llevada a cabo por el juez Vicente Ríos que concluyó con la imputación de cinco funcionarios y altos cargos más y petición al TSJ de la investigación a la vicepresidenta Oltra, que hoy ha aceptado.

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