La izquierda valenciana prohibirá tener 'símbolos franquistas' en la propiedad privada

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Ni en espacios públicos ni privados. El borrador del proyecto de ley de Memoria Democrática y para la Convivencia de la Comunidad Valenciana, que ha elaborado la Conselleria de Justicia, prevé la retirada de símbolos que recuerden el alzamiento militar o la dictadura de Francisco Franco en propiedades de titularidad privada.

El documento, en concreto, establece que «la exhibición pública de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones, como el callejero, inscripciones y otros elementos adosados a edificios públicos o situados en la vía pública realizados en conmemoración, exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del golpe militar de 1936 y del franquismo, de sus dirigentes o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial se considera contraria a la memoria democrática valenciana y a la dignidad de las víctimas».

A continuación, el borrador marca que «las Administraciones Públicas de la Comunidad Valenciana, en el ejercicio de sus competencias y de conformidad con lo establecido en el apartado primero, adoptarán las medidas necesarias para proceder a la retirada o eliminación de los elementos contrarios a la memoria democrática valenciana, sin perjuicio de las actuaciones que las víctimas, sus familiares o las entidades memorialistas puedan llevar a cabo en defensa de su derecho al honor y la dignidad».

Cuando los elementos contrarios a la memoria democrática estén colocados en edificios de carácter privado con proyección a un espacio o uso público -dice el borrador de la ley-, «las personas propietarias de los mismos deberán retirarlos o eliminarlos». Si no se produce la retirada o eliminación de estos elementos, el Instituto de la Memoria, los Derechos Humanos y las Libertades Públicas de la Comunidad Valenciana, cuya creación recoge esta ley, «incoará de oficio el procedimiento para la retirada de dichos elementos».

En todo caso el borrador establece que «se dará trámite de audiencia a las personas interesadas por un plazo máximo de quince días hábiles. La resolución motivada que finalice el procedimiento deberá dictarse y notificarse en el plazo máximo de tres meses contados desde el día del acuerdo de inicio del mismo».

Además, la Generalitat «no subvencionará, bonificará o prestará ayudas públicas a aquellas personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, sancionadas por resolución administrativa firme por atentar, alentar o tolerar prácticas en contra de la memoria democrática valenciana».

Igualmente, el sector público de la Generalitat «en ningún caso podrá otorgar ayudas que tengan por objeto la realización de una actividad o el cumplimiento de una finalidad que atente, aliente o tolere prácticas en contra de la memoria democrática valenciana, en los términos previstos en esta ley».

En las bases de cada una de las convocatorias de subvenciones públicas de los sujetos incluidos en el sector público autonómico «se incorporará, como un supuesto de pérdida del derecho al cobro de la subvención y de reintegro de la misma, que la subvención sea destinada a la realización de una actividad, o al cumplimiento de una finalidad contraria a la memoria democrática valenciana».

Y para dar cumplimiento a lo establecido en estos artículos, «por la Conselleria competente en materia de memoria democrática se establecerá una base de datos que permita cruces informáticos para el seguimiento y comprobación de aquellas personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que hayan sido sancionadas por resolución administrativa firme en aplicación de esta ley».

El borrador no ve que «concurren razones artísticas o arquitectónicas para el mantenimiento de los elementos de exaltación de la Dictadura, salvo informe favorable en tal sentido del Instituto de la Memoria».

 


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