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El Constitucional anula la indemnización de 1.350 millones de euros a Castor

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El Tribunal Constitucional (TC) ha anulado por inconstitucional la indemnización de 1.350,7 millones de euros que el Gobierno otorgó en 2014 a las empresas promotoras, la principal ACS, del proyecto de almacén de gas de Castor.

Fijada a través de un decreto ley y con cargo al sistema gasista, la sentencia del TC, de la que ha sido ponente el magistrado Juan Antonio Xiol, señala la "necesidad de una norma con rango de ley" para atribuir nuevas obligaciones de pago al sistema gasista, sin que pueda regularse a través de un real decreto ley.

El cargo al sistema gasista

El TC considera que no concurría una "situación de extraordinaria y urgente necesidad" que justificara aprobar un decreto ley para "atribuir nuevas obligaciones de pago al sistema gasista". En opinión del tribunal, no se ha aducido "ninguna razón" que acredite la existencia de una "situación de extraordinaria y urgente necesidad a la que debiera hacerse frente dictando un decreto ley y que justificara la aprobación de la norma de urgencia".

"Ni el eventual ahorro económico para el sistema gasista ni el hecho de que esta operación de crédito contra el mismo no se compute en términos de contabilidad nacional representan auténticas razones de urgencia (...)", añade el Constitucional en su sentencia.

No estaba justificada

En ese sentido, el TC recuerda que, de acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Española, la situación de "extraordinaria y urgente necesidad" debería ir acompañada por una justificación de "las razones por las cuales la asignación del pago al sistema gasista ha de llevarse a cabo en unos términos y plazos tan perentorios como para excluir el recurso al procedimiento legislativo ordinario o de urgencia".

En su sentencia, el Constitucional estima parcialmente los recursos presentados por el Parlamento, la Generalitat de Cataluña y el grupo del PSC en el Congreso y acuerda declarar "inconstitucionales y nulos" los artículos del decreto que establecían una indemnización por la suspensión de la actividad del almacén, situado frente a las costas de Castellón, tras los pequeños seísmos registrados en la zona.

La actividad, suspendida en 2013

El Gobierno suspendió en septiembre de 2013 la actividad de inyección de gas en el almacenamiento y en octubre de 2014 aceptó mediante un decreto ley la renuncia de Escal UGS –participada por la compañía ACS en un 66,67%- a la concesión de la instalación. Al mismo tiempo, el real decreto establecía una indemnización de 1.350,7 millones para la compañía, cantidad que se cargaría en el recibo del gas durante 30 años.

El TC concluye que las indemnizaciones acordadas en el decreto ley "no guardan la debida conexión de sentido" con la situación de urgente necesidad provocada por los movimientos sísmicos de Castor, por lo que "su adopción representa una inadecuada alteración del sistema de fuentes de derecho que no encuentra cobertura" en el artículo 86.1 de la Constitución.

Por ese motivo, la sentencia declara la inconstitucionalidad y nulidad de los artículos que establecían los "cálculos previstos" para desarrollarla y el "plan de costes para el ejercicio 2015".

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