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España | Comunidad Valenciana

El alcalde de Crevillent, imputado por prevaricación

alcalde-crevillent

El Juzgado de Instrucción nº 4 de Elche ha notificado el auto por el que se admite a trámite la querella presentada por el Observatorio de la Ciudadanía Contra la Corrupción, en este auto se cita al alcalde de Crevillente, César Augusto Asencio Adsuar, a declarar en calidad de investigado lo que anteriormente se conocía como imputado. El alcalde de Crevillente deberá acudir a declarar a los juzgados el próximo día 22 de diciembre a las 10:00 horas.

La juez del juzgado de Elche considera que los hechos denunciados pueden ser constitutivos de delito de prevaricación administrativa, delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, y un delito de exacciones ilegales penado en al artículo 437 del código penal.

Este auto es independiente de la sentencia conocida la semana pasada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que correspondía solamente a la última adjudicación realizada a la empresa mercantil Abornasa del contrato del tratamiento de residuos. Este auto es fruto de la denuncia, que en paralelo a la del último contrato, se presentó a la Fiscalía Anticorrupción por los entonces concejales Vicent Selva y Daniel Galvany del Grupo Municipal de l'Esquerra y que posteriormente asumió el Observatorio de la Ciudadanía Contra la Corrupción al no poder hacerse cargo el grupo de la elevada fianza pedida por el juzgado para admitirse como querellantes.

A diferencia de la sentencia del TSJCV que solamente atendía a la última adjudicación a Abornasa, este nuevo auto se remonta y pide explicaciones de los pagos a esta empresa desde el año 1996. La juez en su exposición de fundamentos jurídicos alega que existía en esta concesión "importantes deficiencias legales" como la ausencia de documentos preceptivos, indeterminación en las prórrogas o inexistencia de pliego de prescripciones técnicas y memoria económica y financiera. Documentos que eran exigibles por la ley estando prohibida la indeterminación de la duración del contrato.

Por estos servicios, según la juez, "el Ayuntamiento de Crevillent ha estado liquidando a ABORNASA durante años y años, facturas de elevadísima cuantía por la vía del reconocimiento extrajudicial de créditos sin saber cuáles son las condiciones técnicas de los servicios prestados y dejando que fuese la propia empresa quien fijara el precio" a pesar de las numerosas notas de objeción del anterior interventor municipal.

También apunta el auto que fue entonces cuando desde el Ayuntamiento se desplegó una intensa actividad para tratar de legalizar la cuestión del tratamiento de residuos, actividad que se encontraba lejos de ajustarse a Derecho y que respondía al único objetivo de dar cobertura o apariencia de legalidad a una nueva adjudicación del servicio a esta misma empresa. Fruto de esta nueva adjudicación fue la contrata que el TSJ sí estimó pero con la cual la empresa sigue sin disponer de la preceptiva autorización ambiental integrada.

El auto también hace hincapié en como el Ayuntamiento intentó hacer un Plan Especial el cual estaba redactado por la misma empresa Abornasa que como parte interesada no debía ser la redactora, ignorando el mandato legal de iniciativa pública e ignorando las alegaciones presentadas por el Grupo de L'Esquerra y diversas organizaciones ecologistas de la zona.

Por último, la juez considera que la zona de el Fondo de Crevillent-Elx, es una de las tres áreas de todo el Sistema de Zonas Húmedas de Alicante que está incluida dentro de los LIC (Lugar de interés comunitario) y catalogada como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), constituyendo "una de las áreas de mayor valor ambiental y paisajístico de la Comunidad Valenciana y de todo el Mediterráneo Occidental".

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