Detenido por corrupción el socialista Jorge Rodríguez, presidente de la Diputación de Valencia

jorge rodriguez

El Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia ha coordinado este miércoles una operación contra la corrupción en la que ha sido detenido el presidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez (PSOE), y otras dos personas.

La causa se abrió por supuestos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos en mayo 2018 tras la denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción de Valencia. En concreto, se investigan irregularidades en la contratación de personal de alta dirección en Divalterra, antigua Imelsa, en 2015. Las diligencias están secretas, detalla el alto tribunal valenciano .

La denuncia partió del representante de Ciudadanos en el Consejo de Administración de Divalterra, Jorge Ochando, que acudió a la Fiscalía el pasado mes de abril y esta añadió la información a otras diligencias previas. En su escrito, Cs solicitaba a la Fiscalía que abriera diligencias de investigación penal para comprobar las presuntas irregularidades sobre contratos de alta dirección.

Según exponía en el escrito, en julio de 2015 el Consejo de Administración de Imelsa nombró dos gerentes -uno militante del PSPV y otro de Compromís- por contrato laboral de alta dirección; y cuatro meses más tarde, se realizó la contratación mediante libre designación de siete directores de área con el mismo tipo de contrato -tres del PSPV y cuatro de Compromís- "apartándose de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad".

Señalaba que cada uno de estos altos cargos cobra un salario anual de 50.000 euros más gastos de desplazamiento, comportando un coste/empresa de 75.000 euros al año. Con estas contrataciones, de acuerdo a la denuncia, se pretendía por parte del gobierno presidido por Rodríguez "evitar cumplir con la rigurosidad que exige el derecho administrativo para cubrir dichas plazas".

Operación Alquería

La actuación policial de este miércoles se enmarca en la llamada "operación Alquería"; agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) han practicado registros en la Diputación de Valencia, en las dos sedes de las que dispone el Ayuntamiento de Ontinyent, y en la sede social de Divalterra (antigua Imelsa).

El magistrado instructor ha autorizado también la entrada y registro en varias viviendas particulares: la del presidente de la Diputación y las de otros investigados. En el dispositivo, que se ha activado a las 07.30 de la mañana con registros simultáneos en las distintas sedes y viviendas, han participado, además de los agentes de la UDEF central desplazados desde Madrid, efectivos de la Unidad Central de Ciberdelincuencia y de la Jefatura Superior de Valencia.


Titulares de portada

Los más leídos del mes

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia de navegación y poder ofrecerle contenidos o publicidad de su interés. Si continúa en la página, consideraremos que acepta su uso.