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España | Comunidad de Madrid

La Guardia Civil implica a Cifuentes en la presunta financiación irregular del PP de Madrid

crifuentes

La Guardia Civil pide investigar a Cristina Cifuentes por prevaricación y cohecho. El Instituto Armado y el juez Eloy Velasco investigan a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, por supuesta incompatibilidad en la adjudicación del contrato de la cafetería de la Asamblea de Madrid, por su papel como patrono de Fundescam y por haber sido una de las responsables de campaña del PP regional durante los años investigados en Púnica.

"Los elementos probatorios puestos de manifiesto en el presente Informe Policial y relativos a los hechos descritos en el mismo podrían ser constitutivos de Ia comisión de los supuestos delitos de prevaricación continuada y cohecho", reza uno de los informes policiales que forman parte de la pieza de Púnica secreta hasta este mediodía.

La UCO destaca que tras el análisis de la contratación al Grupo Cantoblanco se aprecia una "coincidencia [entre] integrantes del órgano de contratación y del comité de expertos con miembros de Patronato FUNDESCAM e integrantes del Comité de Campaña como Cristina Cifuentes Cuencas, quien compatibilizó el ser miembro del comité de expertos con Ia [responsabilidad] de ejercer como Presidenta de Ia Mesa de contratación, circunstancia contraria a Ia legalidad y que vulnera Ia imparcialidad que debe presidir Ia actuación de Ia Presidenta de Ia mesa de contratación".

Dicen los agentes que esta circunstancia "la sitúa además como interviniente en las valoraciones arbitrarias y en Ia aprobación de esas mismas valoraciones efectuadas por Ia mesa de contrataciôn en una decisión con potestad resolutoria. Asimismo, pertenecía al Patronato de FUNDESCAM cuando se efectuaron las aportaciones de 160.000 euros del empresario [Arturo Fernández] y que fueron destinadas a sufragar gastos de campaña y perteneció al comité regional de Campaña del Partido Popular de Madrid en los referidos comicios [los del año 2007]".

La Guardia Civil sitúa así a Cifuentes en el posible tracto de dinero de Fernández al PP.  Por un lado, en la Asamblea, donde la actual presidenta de la Comunidad de Madrid podría haber maniobrado para, por un lado valorar hipotéticamente al alza la oferta del empresario por el contrato de la cafetería, y luego habría presidido la mesa en la que se le adjudicó dicho contrato. Y, por otro, como patrona de Fundescam, que recibió 160.000 euros del mismo empresario. Fundescam es una fundación del PP que, bajo el manto de labores sociales, habría sido utilizada para captar fondos, en algunos casos públicos, para financiar el partido.

La Guardia Civil ha tomado declaración a varias personas que tomaron parte en la operación. Una de ellas, María Merino, jefa de protocolo en la Asamblea entonces y hasta la actualidad e investigada por la Guardia Civil por prevaricación, ha asegurado que se reunió en el despacho de Cifuentes en la cámara regional con la entonces diputada para el estudio de las ofertas.

La UCO se refiere a Cifuentes en estos términos en la pieza hasta ahora secreta de Púnica: "Algunos [...] empresarios cómo Arturo Fernández Álvarez fueron adjudicatarios de determinados contratos públicos en los que se han detectado múltiples irregularidades penalmente relevantes y donde habrian participado cargos públicos que también pertenecían por entonces al Patronato de Ia Fundación Fundescam cuando se efectuaron las aportaciones económicas detectadas, como es eI caso de MARIA CRISTINA CIFUENTES CUENCAS; hechos que han dado lugar a Ia elaboración de un Informe Policia complementario al presente".

Merino ha afirmado a la Guardia Civil que aunque fue designada para el comité de expertos que elaboró un informe para la adjudicación del contrato de la cafetería, no tenía conocimientos ni en contratación pública ni en hostelería, que en ambas labores realizó funciones de "asistencia a la presidencia".

Merino, pese a formar parte del presunto comité de expertos, aseguró a los agentes que "se encontró las ofertas en cajas cerradas en su despacho", que "no valoró las ofertas" y que "se asustó y que no sabía lo que tenía que hacer". También señaló que "un día" se reunió "en el despacho de Cristina Cifuentes Cuencas en una reunión muy corta, meramente expositiva y que no hubo deliberación. Que nadie expuso nada, que no había nada que discutir".

La Guardia Civil ha hallado irregularidades en dicha adjudicación, según sus informes. Pese a que la empresa presentada por Fernández al concurso fue Cantoblanco Colectividades SL, al menos tres de las certificaciones eran de otra empresa del grupo, y no de la licitadora. Además, se habría penalizado otra de las ofertas, en concreto la del grupo Clece, pese a que no se siguió el mismo criterio de nuevo con Cantoblanco en 2011. El Instituto Armado, de hecho, ha tomado declaración como investigados en estos hechos a todas las personas en ellos inmersas, excepto a la presidenta regional.

Por su parte, la letrada de la Asamblea de Madrid Tatiana Recoder, presente en la antedicha reunión en el despacho de Cifuentes, explicó a la Guardia Civil que no entró a valorar los criterios de adjudicación, a juzgar por las preguntas de los agentes fundados en "juicios de valor" y no en "fórmulas matemáticas".

Los agentes sugieren también en las cuestiones a Recoder que la oferta ganada por Arturo pudo estar preparada por valorar más "la experiencia en el sector público que en el privado", además de que dicha condición "no había sido publicada con anterioridad en los pliegos y los licitadores no la conocían". Sobre las certificaciones que en realidad poseían otras empresas de Arturo Fernández y no la que se presentaba señaló que "pudo ser un error administrativo del comité de expertos".

 

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