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El 2 de marzo, la agencia de la Unión Europea para el control y la prevención de enfermedades (ECDC) emitió un informe en el que reclamaba a los estados europeos "evitar" que la población acudiese a "actos multitudinarios" e impedir "concentraciones masivas innecesarias" por el coronavirus.
El motivo que aducía era que al estar científicamente demostrado que favorecía la expansión de la Covid-19, en base a los datos de otras pandemias y epidemias, cancelarlas "puede reducir la transmisión del virus".
El Gobierno de España hizo caso omiso de ese informe, y permitió las manifestaciones del 8-M. Pero no sólo eso. Según las investigaciones de la Guardia Civil, actualizadas en el informe enviado a la juez de Madrid que investiga el alcance penal del 8-M, Carmen Rodríguez Medel, el Centro de Control de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) que dirige Fernando Simón recibió esas advertencias el propio 2 de marzo (a las 12.45 horas), pero no se lo reenvió a las comunidades autónomas y ni siquiera lo discutió en el Consejo Interterritorial de Sanidad.
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La Guardia Civil resalta que el organismo de Simón adujo que dado "el carácter público del documento" europeo, de "general conocimiento y acceso", "no procedió a su distribución". "De igual forma, no fue objeto de discusión en ninguna de las reuniones" preparatorias de la respuesta al virus "de la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial", ni "en ninguna de las Ponencias de Alertas y planes de preparación y respuesta", relata el informe del Instituto Armado.
Es decir, no se avisó a las comunidades autónomas de la importante alerta que estaba lanzando la agencia de la UE que se encarga de las pandemias. Esta forma de actuar choca con las advertencias que estaba haciendo el Ministerio de Sanidad a cuenta de otros eventos multitudinarios, según pone de manifiesto la Benemérita.
"GRAVE SITUACIÓN SANITARIA"
El 3 de marzo, un día después de recibir -tanto en el correo electrónico del CCAES como en el suyo propio- el informe de la UE, el doctor Fernando Simón recomendó que "no se organicen en las próximas semanas congresos, jornadas, seminarios o cursos de formación de los profesionales sanitarios, siendo uno de los objetivos que justifican dicha medida el evitar que puedan actuar como transmisores de la enfermedad a los grupos de población más vulnerables con los que tratan en su práctica profesional".
"De estas recomendaciones y medidas del Ministerio de Sanidad a día 3 de marzo se desprende el conocimiento y preocupación acerca de la grave situación sanitaria que acontecía", concluye la Guardia Civil. Y estas advertencias sí se les enviaron a las autonomías.
De hecho, el 28 de febrero el CCAES había establecido en un informe que las medidas de distanciamiento social "buscan minimizar en contacto en ámbitos comunitarios (...) tales como eventos multitudinarios", y entre ellas se incluye la "cancelación de eventos".
Estas medidas se deberían tomar "de forma temprana y consistente" para que tenga "algún impacto". Aunque en ese informe no se refería a la situación de España en ese momento, sino a los escenarios posibles, la Guardia Civil opina que "esta información era conocida por el CCAES" y sí que se incluyó en los temas a tratar en las Ponencias de Alertas, al contrario que el informe de la UE.
ADVERTENCIAS A LOS CIUDADANOS
Asimismo, en el informe policial se analizan los correos electrónicos remitidos por el Centro de Coordinación y Alertas Sanitarias durante los días previos a la marcha del 8-M.
Del análisis de los mismos, la Guardia Civil destaca que pese a que el CCAES estableció un protocolo para evitar los contagios masivos por la Covid-19 a finales de febrero, "en el caso de las concentraciones celebradas entre los días 5 y 14 de marzo de 2020, con gran afluencia de personas, no se realizó ningún control preventivo para determinar si las personas cumplían con esos criterios" al igual que "no constan mensajes, comunicados o advertencias que anunciasen a los ciudadanos sobre estas obligaciones" provenientes del organismo que dirige Simón.
La juez imputa al Delegado del Gobierno en Madrid por permitir el 8M
Por su parte, en el primer informe remitido a la juez Carmen Rodríguez-Medel, los agentes del Instituto Armado ya apuntaron a que la Delegación del Gobierno en Madrid "conocía" los informes, recomendaciones y documentación sobre el riesgo de propagación de Covid-19 de organismos internacionales como la OMS y del propio Ministerio de Sanidad a finales del mes de febrero.
La titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid mantiene imputado al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por un delito de prevaricación, al haber autorizado la celebración de la manifestación del Día de la Mujer en plena expansión del coronavirus.
Franco ha sido citado a declarar el próximo día 10 en los juzgados de Plaza de Castilla. Ese día, Rodríguez Medel también interrogará a varios altos cargos de la Delegación del Gobierno en Madrid en calidad de testigos. Deberán comparecer en sede judicial el secretario general de la delegación del Gobierno, Fernando Talavera; el jefe del gabinete del delegado del Gobierno, Luis María Sanz; y al director de la Unidad de Seguridad Ciudadana, José Luis Correas Díaz.
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