Francisco Granados ha tirado de la manta. Hasta el final. El exsecretario general del PP de Madrid y principal acusado de la trama Púnica, ha apuntado durante su declaración ante el juez que entre Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid y Cristina Cifuentes, la actual presidenta, existió una "relación" de carácter "sentimental".
Los dos están casados. Cristina Cifuentes tiene dos hijos: Cristina y Javier. Su marido, Francisco Javier Aguilar Viyuela es arquitecto. Ignacio González, por su parte, está casado con Lourdes Cavero, y es padre de tres hijos: Lourdes, Patricia y Rocío.
Tras conocerse el revuelo de las palabras de Granados, la actual líder del Partido Popular de la Comunidad de Madrid ya se ha apresurado a responder, y ha declarado públicamente que "me da igual lo que diga un presunto delincuente. Está intentando librarse de la cárcel como sea".
Probablemente, ambos estudiarán acciones penales contra él por un delito contra el derecho al honor e intomisión ilegítima en su vida privada.
Francisco Granados ha implicado a la presidenta de la Comunidad de Madrid en la financiación ilegal del PP durante la campaña electoral del año 2007. El ex consejero madrileño ha asegurado ante el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón que Cifuentes era la mano derecha del expresidente madrileño, Ignacio González, en la financiación del partido.
Granados ha asegurado al juez que González y Cifuentes "mantenían un relación sentimental conocida por todos". En su declaración ha apuntado que Esperanza Aguirre e Ignacio González designaban a todos lo cargos de la Comunidad de Madrid y el PP regional.
Granados ya pidió la imputación Cifuentes a través de un escrito alegando que la presidenta madrileña fue secretaria de Política Territorial en el Partido Popular de Madrid desde 2004 hasta el 2008 y en las elecciones autonómicas y municipales de 2007 fue además la responsable de dirigentes y movilización del Comité de campaña electoral del PP de Madrid.
Se da la circunstancia que el juez de la Púnica no puede citar como investigada a Cristina Cifuentes, o si lo hace, debería inhibirse, ya que por su cargo público, está aforada.
