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¡Imputadas! Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, al banquillo por la corrupción del PP

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El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, ha incluido a las expresidentas de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, entre los investigados en la pieza 9 del caso Púnica, en la que se aborda la presunta financiación irregular del Partido Popular madrileño, y les cita a declarar, junto con otros cuarenta investigados entre quienes también se encuentran Ignacio González y el hermano del exconsejero Francisco Granados, entre los próximos 1 de octubre y 19 de octubre. 

Según adelantan varios medios digitales, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha aceptado la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que solicitó la imputación de las dos políticas el pasado 2 de agosto, igual que la de Ignacio González, investigado también en el caso Lezo, y del presidente de Prisa y expresidente de Indra, Juan Carlos Monzón.

Las fiscales del caso, Carmen Cerdá y Teresa Gálvez, reunieron en un extenso escrito todos los indicios de la presunta financiación irregular de las campañas electorales de 2003, 2007 y 2011 mediante inyecciones extra de fondos no permitidas.

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El extenso informe de las investigadoras revela que empresas afines al Partido Popular habrían costeado actos de partido a cambio de elevar los costes de la campaña por encima de lo permitido. Después, dichas empresas se habrían beneficiado de adjudicaciones públicas de la Comunidad de Madrid, según las representantes de Anticorrupción.

El origen de esos indicios se encuentra en una agenda manuscrita del exconsejero Francisco Granados (que, además de alto cargo en el Gobierno de Aguirre, fue secretario regional del PP de Madrid) encontrada en el registro de su vivienda. Una de las hojas cuantifica un total de 2,1 millones de euros bajo el concepto in (entrada). La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil concluyó en un informe emitido en febrero de 2016 que una parte de esos fondos, 500.000 euros, se los repartieron el propio Granados y el empresario Javier López Madrid, mientras que el resto "tendría como destinatario final del PP de Madrid en un importe final de 1.600.000 euros que habría recepcionado el entonces gerente Beltrán Gutierrez". Los fondos habrían ido a parar a la campaña de las elecciones autonómicas de 2011, en las que Esperanza Aguirre consiguió su tercera mayoría absoluta.

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