Un juzgado de Madrid ha abierto una investigación penal contra el delegado del Gobierno en la comunidad para comprobar si cometió delito al autorizar marchas como la del 8M pese a los datos sobre la expansión del coronavirus con los que ya se contaba en esas fechas. La juez ha tomado la decisión tras recibir la denuncia de un particular contra todos los delegados de Gobierno de España y contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Aunque formalmente la juez sólo va a investigar al único denunciado sobre el que tiene competencia, José Manuel Franco Pardo, la apertura de la causa supone examinar la actuación del Gobierno en los días previos a la declaración del estado de alarma.
La denuncia se basa, según resume la resolución judicial, en que "a pesar de los datos con que se contaba en los primeros días de marzo de 2020 y, singularmente, a pesar del informe del Centro Europeo para el control y prevención de enfermedades del 2 de marzo de 2020 sobre el coronavirus, las reuniones multitudinarias en Madrid de los días 7 y 8 de marzo no fueron prohibidas o restringidas por la autoridad competente, el Delegado del Gobierno de Madrid".
El escrito del particular consideraba que se podía haber cometido un delito de prevaricación administrativa. Sin embargo, la juez duda de que sea la calificación jurídica correcta y sugiere que a ella podrían sumarse "otras, como, por ejemplo, el delito de lesiones por imprudencia profesional".
"En opinión de esta instructora, y con todas las cautelas propias de esta fase inicial de la investigación, resulta imprescindible incoar diligencias previas y practicar las diligencias que se dirán, a fin de -a la luz de las consideraciones expuestas- clarificar éstos y cuantos otros extremos permitan esclarecer si estamos o no ante hechos delictivos", dice la magistrada en el auto en el que acuerda la apertura de las diligencias previas.
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La juez ordena numerosas diligencias. La primera de ellas, un informe forense que explique "si las manifestaciones que tuvieron lugar en Madrid entre el día 5 y 14 de marzo de 2020 fueron susceptibles de causar un riesgo evidente para la vida e integridad física de las personas y, en caso positivo, si tal circunstancia era científicamente notoria con carácter previo a su celebración".
También pide que el informe forense aclare "si hay datos que evidencien que tal daño en la vida o integridad de las personas se materializó". Y añade, como indicio de que la respuesta podría ser positiva: "Por ejemplo, desde un punto de vista de probabilidad estadística, a la vista del índice de personalidades relevantes que acudieron a alguna de dichas manifestaciones y que han resultado contagiadas por el virus Covid-19". A la cabeza de la manifestación feminista estaba la ministra de Igualdad, Irene Montero, que dio positivo al Covid-19.
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El mismo informe debe explicar si "las autoridades competentes, promotores de las reuniones o manifestaciones, o por la Delegación del Gobierno", se hizo "advertencia alguna sobre los riesgos sanitarios" de acudir a las mismas, y si se proporcionó a los asistentes medidas de prevención como guantes y mascarillas.
Diligencias de investigación
En el marco de su exposición de motivos, la juez ha ordenado una serie de diligencias de investigación a la Guardia Civil y al médico forense. Ha advertido, sin embargo, que no es urgente, por lo que se practicarán la disponibilidad lo permita, a la vista de la evolución del estado de alarma.
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En el auto, la juez ha hecho hincapié en que al margen del cargo que ostenta Franco Pardo "hay muchas cuestiones que a fecha de hoy se ignoran" y que, como tal, no se alegan o acreditan en la denuncia: "El informe emitido en fecha 2 de marzo de 2020, por el Centro Europeo para el control y prevención de enfermedades ¿fue remitido oficialmente a España en qué fecha? ¿a qué autoridades? ¿se recepcionó oficialmente por la Delegación del Gobierno de Madrid?".
En este sentido, ha señalado que "deberá acreditarse" que "si se contaba o no con tales datos objetivos en el momento de la toma de decisión por parte de la autoridad gubernativa, e incluso, si las manifestaciones que tuvieron lugar en los días 7 y 8 de marzo de 2020 eran susceptibles de perturbar otro bien o derecho protegido por la Constitución, como la vida". Por ahora, ha indicado la juez, "resulta imprescindible incoar diligencias previas" para "clarificar éstos y cuantos otros extremos permitan esclarecer si estamos o no ante hechos delictivos".
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