El Gobierno aplicará un '155 sanitario' para intervenir Madrid

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En Madrid se está resolviendo un duro pulso político, con posibles efectos sobre la salud pública. Al menos, ésta es la sensación que alimentan desde el pasado viernes el Ministerio de Sanidad y el Gobierno de la Comunidad de Madrid. De la desafección hacia la gestión sanitaria al miedo por la gestión sanitaria: esto es lo que está consiguiendo la irresponsable batalla política que se ha impuesto sobre todo lo demás.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, compareció de nuevo, de manera extraordinaria, para advertir que «la inacción» del Gobierno regional pone en riesgo la salud de los madrileños y la de los habitantes de las comunidades limítrofes. «Hay que escuchar a la ciencia y dejar la política en segundo plano», proclamó la máxima autoridad sanitaria de España.

La situación es gravísima porque Madrid se enfrenta a una batalla política cruenta con la atención primaria y los hospitales saturados por la evolución de la pandemia. Y vienen «semanas malas», en lo que coinciden tanto el Gobierno regional como el Palacio de la Moncloa.

Mientras el pulso político sigue su curso, la sensación que tiene la ciudadanía es que está en medio de una partida de ajedrez en la que nadie se preocupa realmente por ellos. Y en los próximos días verán cómo las víctimas se echan desde el PSOE sobre las espaldas del Gobierno de Díaz Ayuso, de la misma manera que el PP lo hizo sobre la espaldas del Gobierno de Sánchez en el confinamiento de marzo.

Los presidentes autonómicos del PP llevan meses trabajando con Salvador Illa, desde que asumió el mando único en el mes de marzo. Conocen sus debilidades y sus fortalezas, y desde la periferia observan lo que está pasando en Madrid con tensión política y sanitaria. «La posición de Illa hay que observarla con cierta objetividad para no equivocarse, y esto es lo que está faltando en Sol [por el Gobierno de Madrid]. Posiblemente en la estrategia del ministro hay una combinación de miedo a que Madrid se dispare y estrategia política para no asumir responsabilidades», señalan. Entre ellos, coinciden, por cierto, en que en esta crisis pierden los madrileños, y, políticamente, «lo tiene mucho más difícil el Gobierno de Madrid». «Hay que saber cuándo hay que rectificar el órdago. Es un error pensar que podemos utilizar de manera victimista una intervención sanitaria de Madrid», avisa uno de estos presidentes periféricos del PP.

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Esa intervención sanitaria está en el ambiente político. Se especula con la aplicación del artículo 155, pero bastaría con declarar el estado de alarma. Las declaraciones de Illa de ayer sonaron a advertencia muy severa, y en el lado popular tienen preparado ya el argumentario para responder incluso a ese escenario. El Gobierno de Sánchez responsabiliza al Gobierno de Ayuso de la crisis sanitaria, y el de Ayuso culpa al de Sánchez de la crisis económica. Los discursos están ya escritos, aunque la política se mueve en un escenario tan excepcional y dramático que todo puede saltar por los aires, y todos pueden acabar perdiendo la guerra.

Desde Moncloa se habla de «horas», ése es el plazo que se da a Ayuso para que revise sus medidas e imponga restricciones generales y más contundentes para frenar la expansión de la Covid-19 en la capital de España. El Gobierno puede aplicar la Ley General Sanitaria, que le faculta para ejecutar medidas de intervención especial en materia de salud pública. Pero también puede volver a declarar el estado de alarma, que daría más poderes al presidente del Gobierno sin necesidad de autorización judicial para limitar la movilidad. El problema es que tendría que ser convalidado en el Congreso de los Diputados en el plazo de 15 días, y en primavera ya hubo oportunidad de ver el campo de batalla política en el que se convirtieron las convalidaciones de cada una de las prórrogas del estado de alarma. De hecho, el Ejecutivo de Sánchez tuvo que acelerar el plan de desescalada al quedarse sin apoyos para mantener en vigor esta excepción constitucional.

Pero fuentes de Moncloa explicaron ayer a este periódico que hay una vía de escape en el decreto de nueva normalidad, donde incluyeron la salvaguarda, explican, de que Sanidad podrá intervenir en situaciones de urgente necesidad. El Ministerio queda habilitado «para tomar las medidas estrictamente necesarias», con la obligación de informar de manera urgente de ellas. Estamos hablando de una situación sobre la que no hay precedente, y, llegado el caso, habría que ver si este punto sirve realmente como coartada para aplicar una especie de 155 sanitario sin tener que conseguir el respaldo del Congreso de los Diputados.

La tragedia política es que todas las partes están presas de sus propios errores, nunca reconocidos, y sin rectificaciones el choque político tiene muy mal arreglo, se lleve por delante lo que se lleve. La gestión negligente del Gobierno de Sánchez está pendiente de una fiscalización externa, pero los médicos y epidemiólogos reclaman esa misma fiscalización para las gestiones autonómicas.

Illa reclamó con más severidad que el viernes que se confine toda la capital de Madrid y aquellos municipios con una incidencia de más de 500 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Ante la pregunta de si el Ejecutivo está planeando tomar el control de Madrid si la situación sigue empeorando, Illa dejó la duda en el aire. «El Gobierno de España sabe lo que tiene que hacer porque acumula la experiencia, para ello, de la primera ola».

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Dimite el portavoz del Grupo Covid-19

Mientras la política mantiene las espadas en alto, a costa del miedo creciente entre los ciudadanos, ha dimitido el portavoz del Grupo Covid 19, el ex jefe de Servicio de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas del Hospital General del Gregorio Marañón, Emilio Bouza. En una carta remitida al ministro de Sanidad y al consejero de Sanidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, explica que los hechos vistos en los dos días transcurridos desde que le pidieron actuar como técnico y científico, en el consejo creado entre los dos Gobiernos, no le dejan más salida que declinar el ofrecimiento. «Ustedes me afirmaron su voluntad de concordancia política y su impulso para trabajar unidos para buscar una solución al problema», explica en la carta formalizada ayer.

Del estrés que ha alcanzado el pulso político, único responsable de esta dimisión técnica, sí se puede anticipar que hace inviable ya a futuro la mínima lealtad y confianza necesaria para que funcione la colaboración y la coordinación entre las dos Administraciones.

Y como advierten desde las comunidades autónomas, de un color o de otro, esa coordinación y colaboración es imprescindible para no dar aún más ventaja al virus, ya que todavía queda «una larga travesía en el desierto» antes de ver superada la pandemia. Los meses de otoño e invierno se da por descontado que serán «muy complicados» desde el punto de vista sanitario y social. Y, prueba de ello, es que las comunidades siguen adoptando medidas restrictivas –Andalucía anunció ayer nuevas limitaciones para el martes–. También reclaman más apoyo de las Fuerzas de Seguridad, en el caso de no tener policía autonómica, para controlar las cuarentenas y los confinamientos, además de un mejor canal de información con los ayuntamientos.

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