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“No será preciso expediente de expulsión para la devolución de los extranjeros en los siguientes supuestos: b) Los que pretendan entrar ilegalmente en el país.”

Descargar PNL de VOX sobre inmigración en el Congreso de los Diputados [PDF]

Así de explícito se recoge en nuestra Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social. Nuestra Ley de Extranjería, recoge así, en su Artículo 58, apartado 3, letra b) la obligación de las autoridades de llevar a cabo la devolución automática de los inmigrantes que ilegalmente intenten asaltar nuestras fronteras.

Y de forma específica en referencia al Régimen de Ceuta y Melilla, la misma ley establece en su Disposición Adicional 10ª que “Los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera, podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España”.

Y de forma reiterada en la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, sobre Seguridad Ciudadana, se recoge en su Disposición Final 1ª, íntegra y textualmente, el texto establecido en la Disposición Adicional 10ª de la anteriormente citada Ley de Extranjería.

Dos son los Acuerdos que tienen firmados el Reino de España y el Reino de Marruecos, el primero de ellos relativo a la Circulación de personas, el tránsito y la readmisión de extranjeros entrados ilegalmente, que entró en vigor el 13 de febrero de 1992 y el segundo Acuerdo sobre la Cooperación en el ámbito de la prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su retorno concertado, que entró en vigor el 2 de octubre de 2012, en cuyo articulado se recoge el retorno de los inmigrantes ilegales. Ante todo ello, la sociedad, perpleja, se pregunta ¿Por qué el actual gobierno de España no está aplicando la Ley española?

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La Gran Sala del Tribunal Europeo de Estrasburgo tiene pendiente resolver el recurso que permitirá o negará la aplicación de nuestra ley en este punto, pero mientras tanto y a falta de una legislación europea que dé una solución global al problema de la inmigración ilegal, la realidad nos evidencia la falta de actuación del actual gobierno ante el asalto a nuestras fronteras y el incremento de inmigrantes ilegales que entran en nuestro país forzando y violentando a nuestras fuerzas de seguridad impunemente.

Aumenta el número de inmigrantes ilegales en los últimos cinco años en España.

La Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior informó el pasado mes de diciembre del número de devoluciones automáticas que se produjeron en los años 2017 y 2018, siendo estas poco más de 600 en cada año.

El pasado 31 de agosto se produjo un nuevo asalto a la valla de Ceuta, 155 inmigrantes subsaharianos entraron en España por la fuerza. Más allá de las precarias condiciones en las que desempeñan sus funciones los guardias civiles en sus puestos de control, éstos fueron agredidos violentamente una vez más por los asaltantes al tratar de contener la multitudinaria avalancha.

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España necesita defender sus fronteras y hacer valer el respeto debido a su legalidad y a sus agentes de la autoridad.

El Gobierno no da respuesta y se esconde tras la esperada resolución del Tribunal Europeo mientras que con su actuación ambivalente, no solo elude su responsabilidad ante uno de los mayores problemas a los que se enfrenta nuestro país, sino que provoca el efecto llamada para que España se convierta en un punto de recepción de la inmigración ilegal, generando violencia e inseguridad en nuestra sociedad.

Junto a la falta de un posicionamiento del gobierno que defienda una política de control de fronteras, son evidentes las carencias de personal y medios suficientes para contener los violentos accesos de los asaltantes, necesarios para hacer cumplir la ley y proteger nuestras fronteras. Es necesario reforzar la presencia de los guardias civiles y policías, así como modernizar sus sistemas de control, que les permitan desempeñar su trabajo sin ser expuestos a la violencia a la que actualmente se ven abocados. Se pone en evidencia la necesidad de refuerzos tanto técnicos como humanos en la frontera sur de España.

Solo en los meses de julio y agosto el gobierno ha concedido a Marruecos una ayuda por importe superior a los cincuenta millones de euros (50.000.000 euros), para suministros de vehículos para el Ministerio de Interior Marroquí y para financiar el despliegue de autoridades marroquíes en la lucha contra la inmigración ilegal.

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Mientras, aumenta año tras año el número de inmigrantes ilegales que traspasan la frontera y nuestros Cuerpos y Fuerzas de seguridad hacen frente con evidentes carencias de personal y de medios a esta situación, invirtiendo la ayuda económica no en nuestra frontera y nuestros efectivos, sino en la supuesta mejora de medios en el país vecino.

Se espera por parte del gobierno que implante un protocolo de actuación claro e inequívoco en las fronteras con Ceuta y Melilla y que los agentes cuenten en los pasos fronterizos con una mayor protección jurídica y de medios materiales, que salvaguarde su seguridad y la de todos los españoles.

La sociedad y las propias autoridades de Ceuta y Melilla reclaman soluciones a este problema y la adopción de medidas conducentes a rechazar a aquellos que acceden al país mediante el uso de la violencia.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Vox presenta la siguiente:

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Proposición NO de Ley

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Proceder a la aplicación de la legislación española vigente, en concreto la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, así como la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, sobre Seguridad Ciudadana, llevando a cabo la expulsión inmediata de los inmigrantes que pretendan acceder de forma ilegal a nuestro país.

2. Proceder a la aplicación de los dos Acuerdos adoptados entre el Reino de España y el Reino de Marruecos relativo a la Circulación de personas, el tránsito y la readmisión de extranjeros entrados ilegalmente, de 1992, y el Acuerdo sobre la Cooperación en el ámbito de la prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su retorno concertado, de 2012.

3. Adoptar las normas oportunas para la eficaz aplicación de la legislación citada en el punto anterior.

4. Dotar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de control en las fronteras de Ceuta y Melilla del número suficiente, necesario y permanente de efectivos, para cumplir de forma eficiente y segura con sus funciones. Asignar una dotación permanente de GRS y UIP en los puestos de control, sin perjuicio de otras unidades como servicio de helicópteros, unidades fiscales, etc.

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5. Garantizar la seguridad de los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de control en las fronteras de Ceuta y Melilla con la equipación individual adecuada (chalecos antibalas, guantes de corte, máscaras de humos, cascos, gafas, pistolas eléctricas, Táser, guantes y mascarillas sanitarias, etc.) que les permita afrontar las actuaciones violentas y los riesgos de contagio sanitario, por parte de los inmigrantes asaltantes de las vallas.

6. Asignar a las unidades de seguridad en la frontera la retribución adecuada y justa teniendo en cuenta la peligrosidad y laboriosidad de su puesto de trabajo.

7. Dotar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de control en las fronteras de Ceuta y Melilla de los medios técnicos y el equipamiento colectivo necesario (cámaras térmicas, de reconocimiento facial, sistemas de detección en el suelo, vehículos-lanzaderas de agua, helicópteros, sistemas de detección de infrarrojos, etc.) para cumplir de forma eficiente y segura con sus funciones, que les permita afrontar las actuaciones violentas por parte de los inmigrantes asaltantes de las vallas.

8. Autorizar a los agentes para el empleo del material antidisturbio de control de masas necesario para repeler las avalanchas de los inmigrantes ilegales.

9. Contar con la colaboración del Ejército Español para la vigilancia de nuestras fronteras por tierra, mar y aire.

10. La construcción de muros en la frontera española con Marruecos en Ceuta y Melilla que sustituya a las ya demostradas ineficaces alambradas y concertinas, de un grosor, resistencia y altura que lo haga impenetrable e infranqueable.

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